En una gacetilla de prensa, el edil destacó: “El proceso de evaluación de iniciativas privadas concluyó con la designación de Iniciado Privado a favor del grupo Emprendimiento Terminal S.A. Las dudas que dejó pendiente el tratamiento de ese proceso, han sido ampliamente debatidas”.

A renglón seguido, subrayó que “el Intendente, probablemente presionado, no quiso escuchar ninguna de las críticas que planteamos desde la oposición, aún aquellas que lo hubieran ayudado a buscar un destino y un camino distinto acorde para el viejo edificio, sin que terminara explicando que tal inversor no está más en el grupo, que los dictámenes han sido tergiversados en su divulgación pública, etc. Advertimos además que la ausencia del Estado Municipal como el actor que definiera el carácter de lo que allí se fuera a edificar, dio lugar a que el interés de los inversores privados, con razonable afán de maximizar su negocio, terminara por definir el perfil, escala y actividad que se volcará en un pliego”.

En ese sentido, Katz recalcó que “este escenario plantea dos riesgos, que el Intendente no quiso o no pudo abordar: Uno es que se judicialice el proceso, cosa que está sucediendo, claramente en virtud de las zonas grises que ha dejado el proceso. El segundo, que se ha plasmado en estos días, es que la Municipalidad pierda la posesión del inmueble por no cumplir con el objeto para el que fuera transferido por Ley. Es decir, por incumplir la Ley”.

“El final no deseado de esa historia, ante cualquiera de estas situaciones, puede llegar a ser que nada pase, y que nos quedemos con el abandono y la degradación del edificio y su entorno. Y es algo que puede evitarse. A esta altura, la única solución transparente, sólida y que permite eliminar este tipo de especulaciones u obstáculos es que el Intendente dé por concluido el proceso que se basó en las iniciativas privadas, (que obviamente dejarán cosas positivas para incorporar), y rápidamente promueva un llamado a licitación sobre bases que cumplan con el objeto cultural, el uso público, el espacio verde, y también la sustentabilidad económica del proyecto, pero definida por el interés público y no por el de la renta y las presiones privadas”, finaliza el texto.