Neuquén > Los empleados de la Corporación Interestadual Pulmarí (CIP) elevaron una carta a la diputada nacional del MPN Olga Guzmán, quien presentó un proyecto ante el Congreso para disolver el ente, donde la manifestaron su preocupación por no haber sido consultados y por el riesgo de sus fuentes laborales.

"Nos sentimos molestos porque no sabemos nada, no tenemos idea de cuál es el proyecto porque acá no lo mandaron, tampoco vinieron a buscar información acerca del funcionamiento de la CIP, no nos consultaron nada", expresó Claudio Perelló, empleado de la corporación.

En la misiva manifestaron su "perplejidad" al enterarse por los medios periodísticos del proyecto de ley. Los empleados le reclaman a la diputada Guzmán, "como vecina de Aluminé e hija de un poblador de ley de Pulmarí" que desconozca el objeto de la creación del ente y que su proyecto se denomine "liquidación de Pulmarí".

Además, expresaron que el socio Provincia de la CIP "no efectúa los aportes económicos para gastos de funcionamiento o de capital desde abril de 2006, lo que generó retraso en el pago de haberes, cargas sociales y proveedores por más de tres meses", y señalaron que todavía no paga lo que corresponde por ley, "lo que a nuestro criterio es abandono de persona".

Solución política

La veintena de empleados de la sede central de la CIP indicaron que para ellos "la solución es política", y describieron a la situación actual como tensa y desagradable. "En general no hay problemas, lo más grave es que nadie sabe muy bien qué está pasando y eso genera una tensión social entre todos. Pero la relación de los pobladores de ley con la CIP es buena a grandes rasgos", expresó Perelló.

Los empleados enviaron en varias oportunidad documentos a los estamentos provincial y nacional donde denunciaron "el abandono institucional" de Provincia.

En la carta, el personal de Pulmarí le pregunta a Guzmán si "desconoce que aquellos que esgrimen el proyecto de liquidación de Pulmarí son concesionarios y pobladores de ley, deudores de canon, de créditos al IADEP, de obligaciones de hacer o que transfirieron tierras de la CIP a terceros sin estar habilitados".

Además, los empleados señalaron que fueron víctimas de amenazas, ofensas, humillaciones y maltrato "por parte de esas pocas personas".