Carlos Romano indicó que en total se pelea por unas cuatro mil hectáreas ocupadas por 10 familias. Estas tierras se encuentran dentro de las 10.800 hectáreas compradas por Argenorte en el ex lote fiscal 37 de Tolloche.

Según contó Romano, ayer la empresa habría ofrecido 95 mil pesos por 800 hectáreas a unas cinco familias que son ocupantes de las tierras. Aunque en un principio se veía que existía la posibilidad de que uno de los puesteros acepte el acuerdo, los campesinos debatieron al respecto y quedaron en insistir con su lucha por quedarse en esas tierras.

"La mayoría quiere quedarse en las tierras. Hay otros que ante la presión y amenazas permanentes de ellos tienen miedo y temor. Y hay otros que no tienen la posibilidad de moverse para enfrentar el juicio porque son gente pobre que cuando los desalojaron, quedaron en la nada", contó Romano, al sostener que la nueva audiencia en el marco de este juicio con el que se busca desalojar a los puesteros, será el próximo 15 de junio.

Vender con gente adentro

Romano junto a otras de las familias radicó una denuncia en la Justicia Penal de la Capital acusando al diputado Pedro Sández de haberlos engañado (actuando como intermediario de Argenorte), para firmar sus renuncias a los derechos de posesión. Otros puesteros, directamente, abandonaron sus puestos ante diversos aprietes.

El hecho es que, como indicaron en la denuncia, "al vender (las tierras), la provincia dejó constancia, en los pliegos licitatorios, que el inmueble adquirido por Argenorte SA estaba parcialmente ocupado por campesinos, cuyas posesiones debían ser respetadas, de ahí que las tierras fueron vendidas a un precio sustancialmente menor al real".

Es en esa denuncia en la que acusaron al presidente de la cámara de Diputados, Santiago Godoy, Sandez, y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García, por haberse apoderado de otros lotes que se dieron en precio promocional.

La denuncia indica que los nombrados, a través de familiares y amigos, se habrían apropiado de los lotes que luego fueron revendidos triplicando el precio original. En el camino, el negocio dejó más de un millón trescientos mil pesos.

Según se pudo conocer, además de imputar a los adjudicatarios que revendieron los lotes, el fiscal Eduardo Barrionuevo pidió la indagatoria del ex ministro de Producción, Sergio Camacho, y la declaración informativa del senador Juan Carlos Romero, y del actual concejal Romeo Medina (gobernador y secretario general de la Gobernación al momento de la entrega de estas tierras).