Siguen autoevacuadas las familias de calle Hipólito Yrigoyen 77, de la ciudad de Paraná. A cinco días del derrumbe, no pueden acceder a sus viviendas, sacar sus pertenencias y lo que es peor aún, no saben cuánto tiempo les llevará “arreglar” y “apuntalar” las paredes, el piso y los techos que quedaron dañados, producto del profundo pozo que se excavó en el terreno lindero, donde se proyecta la construcción de un edificio de nueve pisos.

Por ahora una de las abogadas de los damnificados, peregrina por las oficinas municipales, por la de los profesionales especialistas en construcción y por los Tribunales para hacer la demanda contra la constructora.

“Estamos esperando el informe que hemos solicitado a una empresa para que nos haga un plan de obra y así apuntalar la casa. Ésta es una edificación de muy buena construcción y por eso se mantiene en pie, pese a que se socavó parte de su estructura”, relató Marcela Gambaro, abogada y sobrina de los damnificados que viven en el domicilio de Yrigoyen 77 y que debieron abandonar la morada, el viernes pasado, por peligro de derrumbe.

ESPERA. Los propietarios están desesperados y angustiados, reconoció la abogada. Hace cinco días que no pueden ingresar a su casa, no pueden buscar sus pertenencias, recuerdos, ropa o lo indispensable, todo quedó ahí. La estructura de la casa corre peligro, debido al profundo pozo que se excavó, ya que los cimientos quedaron prácticamente en el aire. La situación se agravó con la tormenta del viernes pasado, lo que provocó además que una parte de la vivienda (la que alquilaban unos estudiantes) se viniera abajo, “se cayó al precipicio”, graficó la abogada.

“Según relataron los inquilinos, poco antes de que se desate la tormenta, escucharon un fuerte ruido y cuando abrieron la puerta del pasillo que conduce al baño descubrieron que esa parte de la casa ya no existía, que se había caído, que había un precipicio de tres metros”, relató la abogada.

El derrumbe se produjo poco antes de las 8 del viernes, pero los daños en las viviendas linderas al terreno, donde se proyecta el edificio, vienen desde hace unos cuantos meses.

Los vecinos, según señaló Gambaro, veían haciendo reclamos y hablando con el propietario de la obra, pero no obtuvieron respuestas. “Uno de los damnificados habló con Julio Páez (dueño) y no tuvo la mejor de las respuestas de este hombre ni de la arquitecta. Le dijeron que no se haga problema y si se le rajan un poco las paredes, que después se lo iban a arreglar”, destacó.

Para la abogada ningún propietario de una vivienda debe “soportar” las rajaduras de su casa y destacó que los daños más gravosos en la propiedad es la que da al sur. Incluso, dice que por la excavación la estructura de la casa se descuadró, quedó corrida unos milímetros, por lo que hoy ya no cierran las puertas ni las ventanas.

Reclamos de vieja data

Los reclamos de vecinos por daños provocados por construcciones linderas no son nuevos. En 2012, la Defensoría del Pueblo de Paraná tomó intervención en un caso de calle Feliciano. Allí, el propietario de una vivienda, cansado de no obtener respuestas, acudió a la Defensoría –además de entablar un pleito en la Justicia– porque su vivienda estaba dañándose por una edificación en el lote vecino.

En aquella oportunidad, el defensor dictó una recomendación que fue girada al Ejecutivo Municipal de Paraná, en la que se remarcó que si bien el tema es entre particulares, el Estado no puede estar exento de responsabilidad en su rol de control de obras que afectan a ciudadanos. Y también dijo que esto no puede quedar librado a la posibilidad –que no todos tienen– de hacer los reclamos por vía judicial, con todo lo que eso implica además en tiempos, daños, desgaste, etcétera.

En esa resolución, la Defensoría del Pueblo recomendó a la intendenta y a las áreas de competencia que se establezca como condición para obtener los permisos de demolición y posterior construcción que, tanto la empresa como el propietario y los profesionales responsables de la obra, estén obligados a participar de la conformación de un registro notarial y fotográfico donde conste el estado de las viviendas linderas en conformidad del vecino, documentación que deberá ser incorporada al expediente por el cual se otorga el permiso de obra, quedando registrado como parte del legajo constructivo.

Asimismo, el defensor Luis Garay resolvió que se deberá disponer de manera clara y en apartado especial, que se considere al representante técnico responsable de la supervisión de los trabajos y de tomar las medidas necesarias para evitar derrumbes, deslizamientos de tierra, daños a linderos y cualquier otro perjuicio que puedan producir los trabajos de excavación, submuración y conexos.

En un tercer punto, pidió que se incorpore en el mencionado reglamento de edificación que cada responsable de obra deberá presentar y acordar con sus vecinos linderos un cronograma de trabajos y molestias a ocasionar, tal como se desprende del Código Civil sobre derechos a la vecindad y asimismo cada vecino lindero tendrá derecho a ingresar a la obra en demolición/construcción con un profesional habilitado para constatar el seguimiento de la misma, según se considere necesario, previo aviso al organismo de competencia.

Y se pidió, en otro de los puntos, que se garantice el control desde el Estado sobre la correcta ejecución de las etapas constructivas que puedan afectar con humedad la propiedad lindera.