Con la autorización por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de un nuevo aumento de hasta el 33 % en las tarifas de peaje de la Autovía 2 y Ruta Interbalnearia Nro. 11 que rige desde este mes y el llamado a licitación para una nueva concesión por 30 años, ha quedado claro, como sucedió con la división de Chascomús, que la mayoría de los integrantes de la Legislatura y la Gobernación lejos están, lamentablemente, de interpretar a las comunidades, realizar estudios serios y dar una respuesta acorde a las necesidades, lo que indica sin duda que se debe profundizar el ejercicio democrático con una visión actualizada nada tiene que ver con una postura acartonada y antigua con cumplimiento de funciones entre cuatro paredes en forma alejada de la gente.
A los chascomuenses ya nos dividieron el Partido sin analizar los trabajos presentados por las facultades, con aprobaciones sobre tablas, sin consultarnos y sin escucharnos.
Muchos errores propios se cometieron, pero en esta etapa se ha planteado la continuidad de la defensa a la integridad, tanto desde los vecinos, como desde el Municipio que ha iniciado hasta el momento una causa judicial en la Provincia para impedir se materialice la Ley separatista y ha prometido hacer lo propio en la Corte Nacional.
El tema de una nueva licitación en la Ruta 2 con pocas obras, en particular para Chascomús ninguna, para concesionarla por treinta años más se ha manejado de igual forma, aprobaciones al margen de la gente y en este caso con compromiso de los vecinos a pagar, durante tres décadas más, obras ya abonadas durante casi 20 años a COVISUR, que además recibió subsidios.
Sin duda es valorable la intención de algunos concejales de cambiar la estación de peaje de Samborombón a otro lugar pasando Chascomús, a nuestro criterio también después de Manuel J. Cobo, o la intención del Diputado Juan Gobbi de pelear por una tercera trocha en el zona urbana para dar seguridad y tarifas diferenciales. Pero lo cierto es que a Chascomús ni siquiera le han dejado la obra de cruce a alto nivel en el Acceso Norte y la Ruta 2, que COVISUR nunca construyó pese a estar obligada.
En este marco, la realidad indica que esta Ley de concesión nunca se debería haber aprobado, algo que sin duda comprendió la Diputada Ana de Otazúa que no la votó, como también se opuso junto con Gobbi al desmembramiento del Distrito.
Creemos que como en el caso del fraccionamiento de Chascomús este será otro despojo, si se quiere en cuotas, a los chascomunense y sería oportuno que la Intendencia, Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, se pusiera rápidamente, ya que los tiempos apremian, a la cabeza del reclamo contra la renegociación de la concesión de la Ruta 2 con un peaje que no se justifica en obras nuevas ni de mantenimiento.
Teniendo en cuenta sobre todo que el territorio bonaerense cuenta con decenas de rutas, que suman una red de 10 mil kilómetros, y solo están concesionadas con el perverso sistema de peajes unas pocas, tal el caso de la 2 y la 11, que a criterio de Scioli y muchos funcionarios, como ocurrió cuando se reprimió a los vecinos que protestaban a la vera de la primera contra la división de Chascomús, solo sirven para ir a la playa o al casino y volver a Buenos Aires, transformándose en lugar de un beneficio en un castigo para los que habitan esta zona.
Si este sistema de peajes que se ha implementado hace más de 20 años, cuando Duhalde las concesionó, fuese tan efectivo y las rutas una panacea, porqué no lo ha aplicado en forma generalizada; se hace evidente que el sistema de peajes en rutas abiertas no sirve.
El Gobierno de la Provincia, como en oportunidad de dividir Chascomús e ignorar los pedidos en otros Partidos, vuelve a cometer una injusticia, y le será también muy difícil explicar esta desigualdad, ya que o se analiza un verdadero sistema de peajes para todos con obras para la comunidad y riesgo empresario, o no se establece peaje para nadie.
Comentá la nota