Dentro de 15 días, el Poder Ejecutivo debería devolver el dinero que tomó de la Caja Popular de Ahorros (CPA) para afrontar erogaciones corrientes. Sin embargo, en la Casa de Gobierno ya se comenzó a analizar la posibilidad de que eso no suceda.

La Ley N° 8.524 fue aprobada por la Legislatura el 10 de octubre. Dos días después, fue promulgada por el gobernador, José Alperovich. Desde entonces, el mandatario mantiene un duro enfrentamiento político con el gremio bancario. Sus dirigentes, con Eduardo Bourlé y Carlos Cisneros a la cabeza, se opusieron a la cesión de recursos de la entidad crediticia estatal al PE. Incluso, llevaron sus reclamos ante la Justicia provincial y federal.

La cuestionada norma autorizó al interventor de la Caja Popular de Ahorros a firmar un convenio con el Gobierno para sustituir los recursos del Fondo de Garantía del Departamento Seguros de la CPA por Letras de Tesorería de la Provincia. En consecuencia, con una autorización de la Superintendencia de Seguros de la Nación, firmada por Juan Bontempo el 26 de septiembre, el PE tomó plazos fijos por $ 172 millones de la CPA, cuyos certificados se encontraban en custodia del Banco Francés. La operatoria, según el funcionario nacional, guardaba "los principios de seguridad, rentabilidad y liquidez". Por haber autorizado ese convenio entre la CPA y el Gobierno tucumano, el senador nacional José Cano (UCR) denunció a Bontempo ante la Justicia Federal.

Por qué no

Lo llamativo es que, según lo había dicho públicamente Alperovich, esos dineros servirían para pagar el medio aguinaldo de los trabajadores. No obstante, esa salvedad no consta en ningún párrafo de la ley.

Según el contrato firmado, el dinero tomado por el Gobierno -a una tasa de interés del 16%- debe ser reintegrado a las arcas de la Caja Popular antes del 31 de diciembre próximo. Pero en los últimos días comenzó a evaluarse en la Casa de Gobierno la posibilidad de que ese plazo sea modificado. Como el alperovichismo mantiene una férrea disputa con La Bancaria, y la devolución de los recursos podría ser interpretada como una victoria del sindicato opositor, conjeturan algunos colaboradores del mandatario. Además, en un mes en el que se pagan sueldos y medio aguinaldo, el esfuerzo financiero para depositar el dinero sería grande.

Lo que debaten por estas horas en el seno del Gobierno es cómo puede extenderse el convenio con la Caja Popular. Es decir, si es necesario debatir nuevamente en el recinto legislativo la operatoria. Eso, a priori, podría generar un costo político extra, ya que seguramente La Bancaria decidiría marchar hacia la Cámara durante la sesión en la que eventualmente se discuta la norma.

No obstante, la propia Ley N° 8.524 le da una salida al Gobierno en caso de que decida repetir la operatoria con la entidad crediticia estatal. El artículo segundo de la norma faculta al interventor de la Caja "o a quien o quienes lo reemplacen, a suscribir futuros convenios con similares modalidades a las establecidas en el Anexo que forma parte integrante de la presente ley". Es decir, el actual interventor de la Caja, el legislador en uso de licencia Armando "Cacho" Cortalezzi, podría firmar un acuerdo similar al que rubricó su antecesor, Eduardo El Eter. Y en Casa de Gobierno nadie duda de la predisposición que tendrá el ex concejal capitalino para aceptar cualquier pedido oficial.