Luego de que los periodistas se retiraran del reclamo, la Policía reprimió a los manifestantes, y tomó detenidos que luego fueron torturados en la Unidad Regional Nro.

Tras este hecho, los reprimidos se reunieron con el ministro de Derechos Humanos de la provincia de Misiones, Edmundo Soria Vieta, en la mañana del jueves 4 de julio. En el encuentro, los militantes populares pidieron su desprocesamiento y replantearon las denuncias que ya se venían realizando de manera pública, contra la vigencia de la matriz represiva de la fuerza policial.

Al tiempo que se llevaba a cabo la reunión, la ministra de Trabajo renunciaba a su puesto, configurando una victoria política más en el marco del plan de lucha. Finalmente el ministerio se comprometió en comenzar a mover los mecanismos para ofrecer una respuesta a la brevedad.

La reunión se extendió hasta horas del mediodía y participaron el ministro Edmundo Soria Vieta y la directora General de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales, Alicia Dechat, por parte de la institución provincial. En tanto que, por el lado de los que sufrieron los apremios ilegales estuvieron presentes Alejandro Carballo (secretario general adjunto de la Seccional ATE Eldorado), Maximiliano Jara (MPR Quebracho), Adrián Fiorio (MPR Quebracho) y Julio Da Rosa (referente de Tareferos Unidos en la CTD Aníbal Verón) en representación de los cosecheros.

Los denunciantes expusieron ante los funcionarios los pormenores de la represión que llevó adelante la policía provincial aquella mañana del 19 de junio en el interior y exterior del Ministerio de Trabajo. Además denunciaron las torturas y apremios ilegales a los que fueron sometidos en la Unidad Regional Nº1, en el transcurso de las siete horas que estuvieron detenidos.

Presentaron documentos probatorios tales como fotos de la represión policial, certificados médicos que constatan los golpes y lesiones, crónicas y notas periodísticas recogidas con el correr de los días y documentos legales de la causa.

También expresaron la necesidad de que el ministerio en cuestión interceda ante el gobierno para que éste asuma la responsabilidad que debe ante la problemática. En este sentido, Soria Vieta reconoció que históricamente el sector yerbatero ha estado limitado por un problema de “falta de decisión política”.

En esta línea insistieron en que los sectores populares vienen marcando desde hace tiempo la vigencia de la estructura represiva encarnada en la institución policial, legitimada y empleada a su vez por el Gobierno de Misiones.

Remarcaron que este tipo de repertorios de represión y tortura confirman que el modus operandi propio de las dictaduras sigue intacto en el seno de las instituciones que deberían bregar porque haya cada vez más garantías democráticas.

“No puede ser que las reivindicaciones populares, la protesta popular, se sigan respondiendo con represión”, se quejó Alejandro Carballo y concluyó “por eso pedimos que sea tomado en cuenta el tema de la represión y las torturas, y que se dé una respuesta en ese sentido”.

Por otra parte, los compañeros reivindicaron la lucha que vienen encarando los tareferos en la provincia, y que tiene a Tareferos Unidos en la CTD Aníbal Verón como referentes dignos, a los fines de conquistar los derechos que históricamente les han sido negados.

Tras escuchar, Soria Vieta y Dechat se comprometieron en pedir los informes a los organismos pertinentes que tienen en sus manos la causa, y poner en marcha los mecanismos para ofrecer a la brevedad algún tipo de respuesta al procesamiento que pesa sobre estos compañeros. Con este compromiso oficial, se dio por cerrada la reunión hasta nueva instancia.

En el transcurso de la mañana se había confirmado que Claudia Gauto había renunciado a su puesto de ministra de Trabajo, lo que significó una victoria política para las organizaciones tras haber denunciado la responsabilidad de la funcionaria en la continuidad del sistema de explotación existente en el ámbito rural, a pesar de las leyes que lo prohíben, y por consiguiente su connivencia con las corporaciones del sector.

La jornada representó una instancia más en la gran lucha estructural, tanto contra el sistema de explotación vigente en el ámbito rural, como por el establecimiento de condiciones dignas y justicia social para nuestros tareferos.