“No puede el Estado ventilar documentación propia de discapacitados a una empresa privada”

Lo aseveró el Defensor del Pueblo adjunto, Cristian Azcona, quien indicó que, pese a haber presentado tres recomendaciones al Departamente Ejecutivo solicitándole que “se abstenga de exhibir y otorgar” documentación de personas discapacitadas a la UTE El Libertador, los empresarios del transporte público de pasajeros acceden a esa información en el área de Discapacidad y de Adultos Mayores del municipio y, a partir de allí, determinan si otorgan los pases gratuitos para el colectivo.
También instó al intendente Pulti a que “tome cartas en el asunto” y sancione al responsable político de esta “grave situación”, aunque advirtió que “si esto no se soluciona desde lo político, hay que hacerlo desde lo funcional”.

Según explicó este martes el funcionario, su actuación en el área de Discapacidad y de Adultos Mayores -que funciona bajo la órbita del secretario de Desarrollo Social, Fernando Gauna, y de la procesada Subsecretaria de de Políticas Institucionales para la Integración de la Comuna, Arq. Alejandra Urdampilleta-, comenzó “hace mucho tiempo” aunque “ahora le hemos dado una impronta bastante importante porque veníamos recibiendo reiteradas quejas por parte de personas discapacitadas que manifestaban que desde la UTE El Libertador se les denegaban los pases especiales para uso del transporte público de pasajeros”.

“Por otro lado, también vimos que la UTE, en forma pública y también en la Defensoría, manifestaba que algunos certificados de discapacidad no serían válidos, una situación que nos generó mucha preocupación porque la ordenanza establece claramente que el discpacitado tiene que entregar fotocopia de documento y del certificado de discapacidad en la sede de calle 25 de Mayo 3665, donde funciona el área de discapacidad, luego de lo cual el estado municipal debe entregarle un listado (de beneficiarios) a la UTE y ellos, dentro de las siguientes 96 horas, debe entregar las tarjetas magnéticas gratuitas”, completó.

En ese orden, advirtió en declaraciones a FM 99.1 que “no sólo no se estaba cumpliendo con las 96 horas, sino que además, los empresarios del transporte expresaban su disconformismo por los certificados de discapacidad, algo que nos llamó poderosamente la atención porque ellos no pueden acceder a la información, tal como lo establece la ordenanza municipal”.

Ante las anomalías, Azcona indicó que el pasado 8 de julio debió elevar “una recomendación al Departamento Ejecutivo para que se aplicaran multas a la UTE El Libertador si no entregaba los pases dentro del período correspondiente, como lo indica el artículo 7 de la OM 17.285”, a la vez que mencionó que “el 14 de ese mismo mes se presentó el gerente de la UTE, Juan Bilbao, en la Defensoría del Pueblo a hablar con la Dra. Beatriz Arza -pese a que yo tenía el expediente- y le afirmó que algunos certificados de discpacidad no eran permitidos por distintas legislaciones y que, aparentemente, serían truchos, tras lo cual, el mismo Bilbao dejó copias de 7 u 8 certificados”.

“Esto me produjo una mayor preocupación al desconocer quién les daba la documentación y cómo accedían a ella si es del Estado pero, aparte, en la Constitución Nacional existe el habeas data, es decir, el Estado no puede violar la información privativa de sujeto”, sostuvo.

En ese orden, el Defensor del Pueblo adjunto contó que se presentó “una segunda recomendación, en la cual expresamos la necesidad imperiosa de reservar la información de los discpacitados, pero esto se vio violado porque el 30 de septiembre me hice presente en el área de Discapacidad y corroboré que una mujer de la UTE se encontraba en una oficina municipal, cargando información en una computadora portátil junto a copias de certificados de discapacidad ya que, según dijo, estaba autorizada por el municipio para hacerlo”.

“En ese mimso momento elaboré un acta de constatación y se la presenté al Secretario de Gobierno, pero lamentablemente no ha pasado nada, es decir, no se inició ningún sumario administrativo y tampoco hubo una aclaración del Intendente”, cuestionó, al tiempo que reparó en que “pese que hace un mes y medio hubo un compromiso del Secretario para la Descentralización y Mejora de la Administración, Dr. (Santiago) Bonifatti, de que el Intendente se iba a reunir conmigo apenas se recuperara de la neumoría para garantizar que esto no volviera a suceder, Pulti volvió a sus funciones pero nunca se comunicó conmigo”.

“También el Secretario de Gobierno, Ariel Ciano, me dijo que (Pulti) estaba en Roma pero cuando volviera iba a tomar intervención en el tema, pero tampoco sucedió nada”, aseveró.

“LE ESTOY PIDIENDO A PULTI QUE TENGA INTERVENCIÓN DIRECTA”

En otro párrafo, Cristian Azcona destacó que luego de hallar a personal de la UTE en dependencias municipales recopilando información privada, resolvió presentar una nueva recomendación pero, en esta oportunidad, pidiendo que “se revea la situación de los funcionarios políticos” responsables del área.

“Los agentes municipales me manifestaron que tienen órdenes de sus superiores, que son empleados políticos, de exhibirle y darle información de los discapacitados a la gente de la UTE, por lo que pedí que se haga un sumario administrativo para resguardar a los trabajadores municipales porque es obvio que si tienen una orden, la deben cumplir; pero queremos saber quién es el responsable y, si tiene responsabilidad funcional, debe ser el Intendente el que tiene que tomar cartas en el asunto”, especificó.

Y enfatizó: “No puede el Estado estar ventilando documentación que es propia de los discapacitados porque, aparte, con toda esta información que el Estado le brinda una empresa privada, la UTE no entrega los pases para discapacitados y el municipio tampoco le cobra las multas que corresponden”.

En ese sentido, Azcona consideró que “esta es una situación muy grave” y que “se está errando a un montón de cosas”. “Claramente le estoy pidiendo al Intendente que tome cartas en el asunto porque, ya que Ciano y Bonifatti me lo prometieron, ojalá llegue a sus oídos esta situación y tome intervención directa.

Por último, el funcionario hizo hincapié en el hecho de que “a sólo seis días de haber presentado una recomendación, los responsables del área, Fernando Gauna y Alejandra Urdampilleta dividieron el área de Discapacidad de la Adultos Mayores y premiaron a Patricia González con un cargo de director coordinador general, a través de un decreto firmado por el Intendente”.

“Al margen de que desde lo político esto no se resuelva, hay que solucionarlo funcionalmente porque una vez que el discapacitado tiene su certificado, es obligación que se le entregue la tarjeta magnética, no hay otra salida”, sentenció.

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