La falta de respuestas que otorguen seguridad de una asistencia financiera que permita hacer frente a las obligaciones salariales de los municipales en tiempo y forma, el crecimiento desmedido en los últimos tiempos de la planta de personal, gastos que aparecen como irregulares y desvíos de fondos son algunos de los puntos que llevaron al intendente de Río Gallegos y a su equipo a volcarse por, efectivamente, declarar la Emergencia Económica en el Municipio y poner en revisión los actos de Gobierno de los últimos seis meses.Si bien de momento el Ejecutivo mantiene un fuerte hermetismo acerca de la implicancia que tendrá la decisión, se entiende que no sólo se pondrán en revisión actos y sobre todo “compromisos” asumidos por la gestión saliente, en algunos casos que no contemplan los pasos administrativos correspondientes. Además se tiene en vista el ingreso de al menos unas 300 personas ocurrido en los últimos tiempos, algunos sin siquiera con decreto que avale dicha designación.Esto sin contar con los casi 250 monotributistas, de los cuales al menos 83 ingresaron en los últimos 90 días, supuestamente para asistir en la emergencia ambiental, pero no se trata de profesionales, sino de personas que fueron contratadas para tareas comunes de limpieza, por ejemplo. También podría haber limitantes en las horas extra y algún tipo de habilitación para formalizar acuerdos de pago para con los proveedores.El decreto que se dicte deberá hacerse “ad referéndum” del Concejo Deliberante, el cual deberá tratarlo en una extraordinaria, si es que el Ejecutivo municipal lo convoca para ello, o bien cuando comiencen las sesiones ordinarias en el mes de marzo del próximo año.“La situación es muy difícil”, señaló una fuente del Municipio a La Opinión Austral y la preocupación por el futuro próximo “es muy grande”. La realidad es que Giubetich no volvió más calmado de Buenos Aires, por el contrario, su preocupación aumentó. “No hubo definición de nada” por parte del viceministro del Interior y ante la proximidad de la necesidad de cancelar las obligaciones salariales, eso no ayuda.Con las autoridades nacionales quedaron en volver a reunirse en la primera semana de enero. Previamente las comunas deberán elevar un informe de la situación económica financiera para definir si habrá asistencia y el nivel que tendrá la misma. Pese a los discursos del ministro del Interior, que el lunes mismo volvió a reiterar que se bregará por garantizar “la paz social” y que se asistiría a “todas y cada una de las provincias”, aún no está claro para el caso de Santa Cruz si eso efectivamente se cumplirá, ni cómo y ni cuándo.