En los últimos años, en los tribunales de La Plata, y en otros departamentos judiciales de la Provincia, se viene registrando una polémica situación: la desaparición de pruebas clave, tales como ADN, armas, dinero y todo tipo de elementos que puede ser determinantes a la hora de dictar sentencia sobre la culpabilidad o inocencia de una persona. Muchas veces, además, algunos de estos manejos terminan beneficiando a amigos del poder con problemas judiciales.

“Lo que pasó con el famoso pituto en el caso García Belsunce es la demostración más evidente y palmaria de que no se controla ni se resguarda la prueba en ninguna de las etapas del proceso penal en la provincia de Buenos Aires: ni en la investigación, porque la escena del hecho no fue preservada y se debió buscar luego la evidencia en un pozo ciego; ni se mantuvo la cadena de custodia durante la etapa de juicio”, señaló a Hoy el penalista platense Juan José Losinno, y refrendó: “En definitiva, en ninguna etapa del proceso se resguarda la prueba para que las evidencias puedan ser consideradas elementos de cargo en un juicio o, más aún, para llegar a la verdad real de los hechos”.

El jurista enfatizó, además: “Advierto con alarma y preocupación que en los numerosos casos que me tocó intervenir, como defensor o particular damnificado, en los que denuncié la desaparición de pruebas, en ninguno obtuve respuesta, y en ninguno se formó causa, y, menos aún, no hay ningún responsable condenado. Y todo esto es responsabilidad de la procuradora (María del Carmen) Falbo”, que es la jefa de los fiscales en la Provincia.

La desaparición de pruebas clave, en algunos casos emblemáticos, también salpica a algunos de los soldados de la procuradora. Concretamente, el actual fiscal general de Dolores, Diego Escoda, que llegó a ese cargo por obra y gracia del fuerte lobby que hizo Falbo en el Consejo de la Magistratura, actualmente debe afrontar un jury debido a la pérdida de pruebas irreproducibles en el caso de Mara Matheu, la joven de 16 años que fue violada y asesinada en el año 2008 en la localidad de Santa Teresita (ver página 4).

El escenario que plantea Losinno se está dando en la Justicia bonaerense en los últimos años, pero trascendió a partir de algunos casos emblemáticos, o incluso cuando varios de esos expedientes pasaron al archivo, porque la desaparición de una prueba clave derivó en el sobreseimiento o la absolución de los acusados en la etapa de juicio, y otras determinaron que en la etapa de investigación ni siquiera se pudiera dar con el posible autor.

El denominado caso Saubidet es uno de esos expedientes. Yamila Saubidet (17) era una adolescente que fue violada, torturada, apuñalada, maniatada y enterrada viva hace siete años en La Plata. Cuando llegó el momento del debate oral, los jueces del tribunal no contaban con la bicicleta que la chica había usado al momento del crimen y que comprometía al acusado. Y no sólo eso: el rodado que usaba la víctima era gris y curiosamente en el juicio apareció una bicicleta de varón, de color negro. Parecía que daba lo mismo.

A ello se le suman dos casos de violación que conmocionaron a nuestra ciudad: el de una abogada y el de una madre y su hija abusadas durante un robo cometido durante un cumpleaños de quince. “En ambos casos no se preservaron los efectos. Se perdieron rastros, muestras de ADN, que hacían al esclarecimiento de los hechos, a la búsqueda de la verdad real. Y lo que es peor es que, ante esta moda que se anuncia por estos días de control a fiscales y jueces por causas tramitadas, nada se ha hecho por aplicar sanciones por la inmensa cantidad de pruebas perdidas”, remarcó Lossino, quien trabajó en los casos.

En los tribunales platenses, se comenta que casos como los antes mencionados se multiplican, pero sólo algunos salen a la luz. El resultado, casi siempre, es el mismo: impunidad.

Una reforma que quedó trunca

Uno de los tantos objetivos de la reforma procesal de 1998 era que los instructores judiciales reemplazaran en sus funciones a los policías, por ejemplo en el resguardo de las evidencias afectadas a procesos penales. La idea era mejorar aquello de la llamada “maldita policía”, con pruebas cambiadas o perdidas.

Sin embargo, el robo y la desaparición de efectos y evidencias en los últimos tiempos demuestran que los instructores del cuerpo judicial tampoco lograron optimizar y reemplazar a los uniformados.

Las oficinas de efectos, en la mira

Tres de los tribunales orales de La Plata ya no insisten cuando desde las oficinas de efectos no encuentran una determinada prueba. Saben que será una misión imposible: porque nunca será hallada, o si aparece, será en condiciones deplorables.

El año pasado se perdió una importante suma de dinero que había sido incautada por la Policía y estaba “en resguardo” de la Oficina de Efectos de la Fiscalía General de La Plata.

El dinero -unos 7.200 dólares- desapareció. Y la funcionaria, de nombre Enriqueta “Popi” Beguerie, que estaba a cargo, fue separada de sus funciones, pero no se formuló imputación alguna. ¿El motivo? Pasó a trabajar en la Legislatura: la rescató su exnovio, el diputado Raúl Joaquín Pérez, pieza clave en la elección de magistrados en la Provincia, en su rol de integrante del Consejo de la Magistratura, cargo que le permitió meter presión para que se archivara la causa por enriquecimiento ilícito en su contra .

Ya se ha expuesto desde estas páginas que entre los abogados, fiscales, defensores y camaristas del fuero penal hay una considerable sorpresa sobre la falta de ecuanimidad por parte de las autoridades que deben ejercer el contralor por parte de la Procuración. Es que mientras se persigue a rajatabla y al límite de la deshonra a los fiscales por hacer declaraciones a los medios -por ejemplo-, y se les inicia sumarios y se los sanciona, por otro lado, se descuidan aspectos esenciales de las investigaciones criminales, como son las pruebas o evidencias logradas con mucho trabajo y dedicación durante las investigaciones y allanamientos.

En el Tribunal Oral II, el entonces fiscal Gabriel Sagastume dejó de insistir en el pedido de pruebas incautadas. Algo similar ocurre en el Tribunal Oral IV de La Plata, donde se produjeron una decena de juicios orales donde la ropa incautada, con sangre y otras pruebas biológicas, llegó en total descomposición. En otro debate, a la víctima de un homicidio se le “perdieron” sus anillos y relojes, que, por el grabado, eran la evidencia clave de la sentencia. También se perdieron varias armas.

Esos casos se suman al ya mencionado de Yamila Saubidet, que terminó en un escándalo porque los acusados de matar y arrojar en un zanjón de Los Hornos el cuerpo de la adolescente debieron ser absueltos. Y no porque fuera probada fehacientemente su inocencia, sino porque al fiscal de juicio Rubén Sarlo le llegó un arma “cambiada”, y por la bicicleta -como ya se indicó-, que también llegó “cambiada”.

Caso Barberán: el crimen en la Municipalidad

Durante el juicio oral, la madre de Santiago Barberán, quien fue hallado sin vida, masacrado a golpes y empalado en los jardines de la Municipalidad de La Plata, aseguró que no hay registros fotográficos porque “se velaron” los rollos de las tres cámaras que se usaron para la autopsia.

Liliana Mattarini denunció entonces que “de la autopsia no hay ningún registro, porque a los fotógrafos se les velaron los rollos de las tres cámaras que usaron y ni siquiera hay una filmación”.

Aseguró que en el informe forense “no figura que a mi hijo le rompieron la primera costilla, que es una de las cosas que vengo reiterando hace tiempo”.

La madre del joven de 20 años muerto a golpes aseguró que, “según el testimonio de los médicos del hospital San Martín, donde lo atendieron, Santiago tenía una costilla fracturada. Además, los facultativos habrían asegurado que ese tipo de lesión sólo puede hacerla alguien que está preparado para generar semejante daño”, remarcó la mujer.

Mara Matheu, un caso emblemático

En la investigación por el asesinato de la adolescente hubo numerosas irregularidades

Mara Matheu (16) desapareció tras salir de su casa de Santa Teresita, al dirigirse a un cybercafé de la zona céntrica. Su cuerpo fue encontrado al mediodía siguiente en una zona de médanos, a una cuadra de la peatonal.

El cadáver estaba boca abajo, sin ropa interior y con los cordones de las zapatillas alrededor de su cuello. La autopsia determinó que la chica fue violada y fuertemente golpeada en un ojo antes de ser estrangulada.

La investigación se encaminaba por los carriles normales hasta que una muestra de uñas de la víctima, con ADN del supuesto homicida, se perdieron en la Asesoría Pericial de La Plata.

Eso no fue todo: una muestra de pelos que había sido encontrada sobre el cadáver de Mara duante la autopsia también tuvo un destino extraño ya que, según especialistas que participaron en la investigación, eran “oscuros y largos”, y cuando los especialistas de los Hospital Durand de Capital Federal abrieron el sobre para hacer los análisis correspondientes, se encontraron con que era “cortos y castaños”. Ello derivó en que tomara intervención el Juzgado Federal nº 2, que cuestionó severamente el procedimiento en la causa que estaba a cargo de Escoda y pidió sanciones, pero la procuradora Falbo hizo caso omiso y archivó las actuaciones contra su protegido, a quien luego ayudó para que sea designado fiscal general de Dolores.

Escoda está en la mira por este escándalo, al punto que Leónidas Matheu, el padre de Mara, le inició un pedido de jury ante la bicameral de enjuiciamiento de magistrados.

“Para nosotros, claramente, las pruebas no se extraviaron, sino que hubo una clara intención de que desaparezcan. Más allá del daño que generó en la investigación, con gran esfuerzo logramos recolectar otras pruebas para que, en el juicio que se avecina, se pueda hacer justicia”, le dijo a Hoy Marino Cid, abogado de Matheu.