Preocupación opositora y cautela oficialista. En estos términos puede sintetizarse la reacción de los legisladores que integran el Consejo Asesor de la Magistratura el fallo de la Corte Suprema que se conoció el lunes. Como varió la integración de jueces y conjueces, el alto tribunal declaró que sí es constitucional que se exija un puntaje mínimo (54 puntos) a quienes busquen cubrir vacantes judicales, entre los antecedentes y la prueba escrita de oposición, para pasar a la instancia final: la entrevista con los miembros del CAM. El superior tribunal tomó esta decisión en el marco de la acción promovida por el postulante Raúl Horacio Bejas, luego de que hace cuatro semanas declarara que ese mínimo es inconstitucional, en el marco de la demanda de otra concursante: María del Pilar Amenábar.

El opositor Esteban Jerez (bloque Alberdi) advirtió que están siendo vapuleados los conceptos de jurisprudencia y de doctrina legal de la Corte con fallos contradictorios en casos idénticos. "Y lo grave es que lo está haciendo el mismísimo tribunal", aseveró.

"Con alarma, la sociedad observa que en casos institucionales trascendentes, en los que el interés público está involucrado, lo decisorio no será la juridicidad de un planteo sino el modo en que se constituya el máximo tribunal. Y si esto se torna una lotería, en realidad, estamos ante una locura", cuestionó.

Su par del PJ, Carolina Vargas Aignasse, en cambio, evitó opinar sobre las implicancias de la disparidad de las sentencias y manifestó que el CAM ya resolvió mantener el criterio de que el órgano está legitimado para actuar en juicios referidos a sus resoluciones, postura planteada por Antonio Gandur, vocal de la Corte y presidente del órgano asesor.

"Dadas las cautelares planteadas en el marco de este concurso (para cubrir cargos de camaristas del fuero civil), va a seguir paralizado. Pero nuestra tarea sigue adelante en ese y en otros fueros", puntualizó la oficialista.