Los diputados Gerardo Terraz, Viviana Martínez, Víctor Alvarez, Matías Mazú y Gabriela Peralta son los firmantes del proyecto de ley que declara “la emergencia pública en materia hidrocarburífera en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, hasta el 31 de diciembre de 2017”.

En el marco de esta declaración se propone, en un primer artículo, “proceder a la revisión y control de los compromisos de inversión a los que están obligadas las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”.

También plantean “exigir a las empresas permisionarias y concesionarias la reactivación de los programas de exploración y explotación, recuperando los niveles de actividad que permitan sostener el empleo”.

Y como tercer punto, “promover acuerdos con las empresas concesionarias que determinen la absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”.

En un segundo artículo, se propone crear un Consejo Provincial Hidrocarburífero integrado por representantes del Poder Ejecutivo Provincial, legisladores provinciales de ambos bloques, intendentes y/o comisionados de Fomento -uno por zona norte, uno por zona sur y otro por zona centro-, y representantes de los sindicatos de la actividad, que deberán discutir la política hidrocarburífera provincial, problemáticas en temas laborales, ambientales y otros temas inherentes a esta actividad. 

 

Garantizar producción

En un tercer artículo, se plantea que hasta tanto se conforme el Consejo, se faculte a la comisión creada por la Ley 3.334 “a mantener reuniones con todas las empresas concesionarias de explotación de hidrocarburos, con el objeto de garantizar el mantenimiento de la producción y los puestos de trabajo, y sostener los niveles de inversión determinados en los acuerdos de prórroga e instrumentos legales de otorgamiento de concesión y planes de desarrollo oportunamente aprobados, pudiendo tomar medidas extraordinarias”.

De igual forma, se faculta al Gobierno Provincial a convocar a las operadoras para celebrar un “acuerdo en el que se contemple, por un plazo de 180 días, suspender los despidos sin justa causa de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia directa con ellas y los de sus contratistas, con la intervención de los sindicatos representativos de los trabajadores de la actividad, en la que se comprometan a su vez estos últimos a sostener la paz social en la actividad”.

 

Fundamentos

En sus fundamentos, los legisladores hacen mención a la reunión que se mantuvo, a iniciativa del comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, donde se acordó la presentación de esta ley, “que tiene por objetivo atender la situación social, laboral y económica por la que atraviesa la actividad hidrocarburífera, que afecta a todos los santacruceños en su conjunto, sin distinción alguna de intereses políticos”, afirman. 

“Con esa intención y en ese contexto, resulta importante crear políticas de estado que eviten la toma de decisiones empresarias que impliquen un detraimiento de los niveles de inversión en la actividad, ya que esto indefectiblemente implicaría un decaimiento de los ingresos provinciales en concepto de regalías y la pérdida de puestos de trabajo, lo que a su vez repercute negativamente en la economía en general de la provincia y en la situación social del conjunto de los santacruceños, por ver alterada su paz social”, sostienen los diputados.

No dejan de criticar en sus fundamentos a la principal operadora de Santa Cruz, la estatal YPF, indicando que hoy el interés de dicha operadora “tiene que ser extraer la mayor cantidad de petróleo y gas para los argentinos, y no sólo buscar obtener el mayor beneficio económico reduciendo la producción, dejando de esta manera a todas la comunidades de la región libradas a su propia suerte”.

Indican que “el Consejo Provincial de Hidrocarburos deberá ser un órgano supremo del Estado que tenga el objetivo de impulsar y promover políticas en materia hidrocarburífera, disponiendo y coordinando, con el Estado Nacional y las operadoras de las áreas, las inversiones pertinentes para garantizar producción, crecimiento de reservas y programa integral de desarrollo de la actividad. Impulsando además la generación de instrumentos legislativos en resguardo del recurso”.

Para los legisladores, “la declaración de emergencia implica determinar, por medio de un acuerdo, la ‘prohibición absoluta’ de producir despidos y suspensiones de la actividad laboral mientras dure y la creación de un marco de discusión de políticas hidrocarburíferas en la que intervengan todos los actores gubernamentales, sindicales, académicos, profesionales y sociales que de alguna manera estén relacionados con la actividad, con el objetivo principal de crear programas de largo plazo que contengan medidas predictivas y preventivas que permitan afrontar situaciones como las actuales sin que se generen efectos negativos para la actividad, los ingresos provinciales, las pequeñas empresas que intervienen, el conjunto de sus trabajadores y la comunidad en general”, concluyen.