“Es un aporte más a los controles que tenemos los funcionarios. El proyecto es la creación de un programa para atender lo que sea adicciones al personal de la Administración Pública. En esta primera etapa los exámenes toxicológicos están dirigidos a los legisladores, al Poder Ejecutivo hasta el cargo de subsecretario, al Poder Judicial, esto es jueces, fiscales y procuradores, y a todas aquellas personas que integran entes descentralizados o autárquicos y/o que representan al Estado en sociedades, en definitiva la anuencia de la Cámara de Diputados para ocupar algún tipo de cargos”, especificó.

“Se busca que quienes tomamos decisiones en los tres Poderes no tengamos ninguna vinculación con la droga y podamos realizar controles periódicos anuales. Estos chequeos estarán a cargo de este programa, serán dependientes del Ministerio de Salud, órgano que establecerá los métodos para efectuar los estudios toxicológicos. Esperemos que en comisión tenga el tratamiento necesario y que en el corto plazo tengamos en vigencia esta Ley”, remarcó.

El diputado aclaró que “no indilgo ni culpo ni digo que haya funcionarios que hoy consuman drogas sino lo que expreso es que bajo la premisa que nadie las consume, que lo podamos constatar así la comunidad en su conjunto tenga la posibilidad de saber que quienes tomamos decisiones no estamos involucrados en este tipo de cuestiones dado que se podría dar la paradoja de resolver algún trámite administrativo o judicial que involucre a quien esté suministrándole el estupefaciente a algún funcionario y no habría objetividad al momento de realizar una resolución al respecto”.

Sanciones

“Lo que está planteado en el proyecto es encarar la droga como una enfermedad y lo que se debe hacer es tratar de curarse lo cual está reglamentado a través de licencias de los empleados públicos que cuando habla de las Licencias por Enfermedad hay un capítulo que se refiere a las de largo tratamiento donde se incluye sin ningún tipo de inconveniente el tema de las adicciones. Esto no tiene ningún tipo de sanción”, comentó.

Sin embargo, el legislador puntualizó que sí están previstas sanciones “a quienes se nieguen a hacerse los estudios. Hay una sanción pecuniaria que va de acuerdo al porcentaje del sueldo al primer y segundo mes. A partir de los noventa días este Programa debería informar a la Honorable Legislatura quiénes son los funcionarios que se han negado previamente a realizarse el estudio y daría inicio a un juicio político o al de un sumario administrativo de acuerdo al funcionario que se trate aplicándose las sanciones que se prevean de acuerdo a la Constitución y las normas vigentes en la materia”, precisó.

Resultados privados

Respecto a si los resultados de los chequeos se harán públicos o quedarán en la órbita privada contestó que “los resultados son plenamente privados. Hay que notificarlos a cada uno de los funcionarios que se le efectúen y está previsto que el Programa una vez al año remita a la Comisión de Salud en un sobre cerrado los resultados de todos los análisis realizados. Está dispuesta la metodología a utilizar para hacer este estudio y el material que debe estar en resguardo para efectuar las contrapruebas. Recordemos que algunos medicamentos pueden ocasionar un resultado positivo. Está la posibilidad que se haga una contraprueba a través de un laboratorio privado con la presencia del laboratorio que haya hecho la primera prueba para determinar fehacientemente si la persona ha consumido y si se puede diagnosticar la enfermedad”, detalló Muñiz.

De avanzada

El diputado del PJ señaló que no hay antecedentes de una iniciativa similar en el país. “No he encontrado proyectos similares. Sí hallé un proyecto radical pero que estaba enfocado a los precandidatos. Sin embargo, esto está encarado a quienes cumplimos funciones públicas ya que aunque aceptamos los derechos individuales cuando uno está en la esfera pública ese derecho se convierte en social y tiene una responsabilidad mayor. A nadie le tendría que tomar por sorpresa ni dejarlo de hacer porque muchos se desgarran las vestiduras cuando nos dicen que los políticos somos todos unos drogadictos. Yo creo que con esto vamos a poner blanco sobre negro y aquel que tenga la desgracia de tener una adicción a las drogas le pondremos todos los elementos necesarios para que pueda corregir esa conducta y curarse para poder ocupar el cargo sin ningún tipo de inconvenientes. El objetivo fundamental de este proyecto es que nadie tenga la posibilidad de tomar algún tipo de decisión administrativa, política o judicial estando vinculado a las mafias que manejan hoy las drogas en la provincia y en el país y que todos queremos erradicar. Es un granito de arena a un gran flagelo”, concluyó jornada