En el fundamento esgrimido por el legislador señala que "la ética no debiera ser objeto de regulación legal, pues constituye un presupuesto obvio y exigible del obrar humano, máxime cuando se enmarca en una labor de servicio a la comunidad. Pero la decadencia de nuestras sociedades ha llevado a reconocer la necesidad de normatizar ciertos aspectos mínimos para el ámbito de la función pública."

Entre las exigencias previstas a los funcionarios deberán presentar una declaración jurada patrimonial dentro de los treinta días hábiles desde la asunción de sus cargos, la cual deberán renovar anualmente y presentar una última declaración al cesar en su cargo.

Comisión de Ética Pública

Estará integrada por un representante de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, uno del Poder Ejecutivo y uno de cada partido político que tenga representación parlamentaria.

La Comisión recibirá las denuncias y las pruebas contra funcionarios pudiendo recomendar, conforme su gravedad, la suspensión preventiva en la función o en el cargo. También deberá asesorar y evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley. Además podrá proponer a la Legislatura, dentro de los 120 días de entrada en vigencia de la ley, modificaciones a la legislación vigente