El Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás, que preside José Luis Lassalle, manifestó su inquietud respecto del proyecto de ley que busca habilitar una mayoría oficialista en el Consejo de la Magistratura bonaerense y que ya tiene media sanción de la Cámara de Senadores.

El proyecto dispone una modificación en la composición estamentaria del Consejo de la Magistratura. De acuerdo a la ley vigente, el Consejo de la Magistratura se compone con representantes del poder Ejecutivo, del poder Legislativo, abogados y magistrados. El proyecto referido busca la reducción de la representación de los abogados de la provincia de Buenos Aires pasando de 4 a 2 representantes.

En diálogo con nuestro medio, el Presidente del Colegio de Abogados de San Nicolás remarcó: “Esto configura un directo ataque a la independencia del Poder Judicial, una clara intención de copar el Consejo de la Magistratura de la provincia por parte del poder político, que llevaría a futuro (de promulgarse esta ley) que el resto de los estamentos pierdan todo tipo de control sobre la selección y nombramiento de jueces”.

“Pretensión desmedida”

Lassalle consideró que se trata de una “clara intromisión y una pretensión desmedida del Gobierno provincial, tal como ocurre en el Consejo de la Magistratura nacional, de tener un control absoluto”.

A ello, remarcó, se suma otro proyecto (convertido en ley la semana pasada) que plantea la modificación de la Ley de Enjuiciamiento de Magistrados, “con lo cual se pone a los jueces bonaerenses en el abismo de tener que cumplir con los designios del poder político o estar permanentemente expuestos a cualquier denuncia que la ley permite, y que posibilita que el organismo creado a tal efecto pueda suspender a un juez durante dos años con la mitad de su sueldo”.

“Si hacemos una lectura de ambos proyectos nos damos cuenta que es un ataque virulento a la justicia, un claro intento de entrometerse más allá de lo que la constitución misma le autoriza al Ejecutivo en la designación de magistrados. Para los hombres de derecho esto es absolutamente inaceptable no sólo por la pérdida que significa en cuanto a la representación de la abogacía sino porque pone en serio riesgo el principio republicano que nos impone la división de poderes, fundamentalmente la independencia del poder judicial que es el encargado de controlar la gestión del poder ejecutivo y de las leyes que sanciona la legislatura bonaerense”, aseveró el letrado.

Mensaje político

Lassalle señaló, además, que la media sanción -para modificar la composición del Consejo de la Magistratura- se da en el marco de conversaciones que se estaban desarrollando entre el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia a los efectos de consensuar un proyecto que satisficiera a todos los estamentos.

“Esa misma tarde, los representantes de la abogacía fueron sorprendidos en su buena fe con la noticia de que el Senado había sancionado el proyecto y no había sido consultado el resto de los estamentos”, manifestó.

Ante el interés manifiesto por parte del Ejecutivo para que esta ley salga, es inminente el tratamiento del proyecto en Diputados que podría ser sobre tablas. “Es notorio el interés de modificar las leyes y demostrar a los jueces que el poder político los puede nombrar y echar cuando quieran. Eso, más que el contenido de la propia ley, es un mensaje político para que todo juez que se sienta independiente comience a estar inseguro a la hora de decir que una ley es inconstitucional o reprobar un acto del poder político en funciones”, declaró Lassalle.

Apoyo de FACA

Por su parte, el presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) Ricardo De Felipe ratificó: “En razón de que los 19 Colegios de Abogados de la provincia están adheridos a la Federación, nuestra entidad hace suya la posición que ha tenido el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires expresando nuestro rechazo y preocupación por la intromisión que hay del poder político dentro del Consejo de la Magistratura que rompe el equilibrio que exige la constitución de la provincia entre todos los estamentos que la componen, para garantizar la independencia de los jueces tanto en la selección como en el enjuiciamiento”.

Así, la FACA –que reúne a 80 Colegios de Abogados de todo el país- brindó su apoyo al Colegio de la provincia y su acompañamiento en todas las gestiones que emprenda al respecto.

“Y, en caso de sancionarse la ley, acompañaremos las acciones de inconstitucionalidad que supongo el Colegio de la provincia iniciará”, afirmó De Felipe.