En tal sentido, la autora del proyecto, Beatriz Ávila (quien recibiera el acompañamiento con sus firmas de los legisladores Alfredo Toscano, Alfredo Quinteros y Raúl Hadla) destacó que la función de la Policía Judicial consiste en investigar los delitos de acción pública, impedir las consecuencias posteriores de los cometidos, individualizar a los responsables y reunir las pruebas necesarias para la actuación judicial. Aunque, aclaró, que su función, no es aplicar la ley, sino facilitar su aplicación.

Se especifica en la norma que, entre otras de las funciones de este organismo, están aquellas vinculadas con:

Realización de las pericias que soliciten los jueces nacionales y provinciales, en los casos y formas que determinará la reglamentación.

Proceder a la detención de las personas contra las cuales exista auto de prisión u orden de detención o comparendo, dictados por autoridad competente, y ponerlos inmediatamente a su disposición.

Secuestrar efectos provenientes de delitos o instrumentos utilizados para consumarlos.

Organizar el archivo de antecedentes de procesados y contraventores, e identificarlos mediante legajos reservados en las condiciones que el reglamento determine.

En tanto, la composición de la Policía Judicial se basará en tres estamentos, entre los que se encuentran el departamento Técnico-Científico, uno de Investigación y otro de Antecedentes.

“La Policía Judicial debe dedicarse a la investigación completa y compleja de los delitos realizados por organizaciones delictivas. Este criterio parece el más razonable. Significa, además, la consecuente necesidad de implementar una justicia vecinal y provincial, que se ocupe de causas de menor entidad, de carácter mediador. La Policía Judicial, con un cuerpo de investigadores capacitados y entrenados para ese fin, es un objetivo de alto valor. De ahí la necesidad de crear un Instituto de elevada Jerarquía, que asegure una política continuada de capacitación y entrenamiento de su personal, en aras de una organización que contemple la dinámica social”, consideró Ávila en los argumentos de la norma.

En otro de los considerandos, y siguiendo pautas de legislación comparada, la Policía Judicial se crea y depende del Poder Ejecutivo, bajo las órdenes del Ministerio Fiscal.

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