Un proyecto de nuevo escalafonamiento para la administración pública es estudiado en el Gobierno provincial, el que ya levantó las quejas del sindicato que representa al personal jerárquico (Unión de Personal Superior-UPS), conducido por Domingo Ovando, quien descalificó de plano la propuesta al considerarla “lesiva” para sus afiliados y pidieron la “intervención directa del gobernador José Manuel de la Sota”, al tiempo que formularon reservas legales para ir a la justicia en caso de ser aplicado.

Ovando en la nota al gobernador expresa que en junio convocada la UPS “por el ministro de la Gestión Pública, Manuel Fernando Calvo, y el secretario de Capital Humano, Gustavo Panighel, a efectos de comunicarnos que el Poder Ejecutivo provincial estaba considerando establecer una nueva grilla de diferencias porcentuales entre las categorías 2 y la 17 de la Ley 9361, a regir progresivamente en cuatro etapas: Noviembre 2015, Noviembre 2016, Noviembre 2017 y Noviembre 2018”.

La grilla salarial más allá de sorprender a los sindicalistas, provoca asombro al ver que su aplicación, durante un extenso período de tiempo para su aplicación integral, que comenzará a regir cuando ya haya otro gobernador electo el año próximo (si De la Sota decide finalmente participar en las presidenciales y abandona la posibilidad de optar por un cuarto mandato), ya que se extiende hasta noviembre de 2018.