Proyecto que inundará parte de nuestra ciudad

Proyecto que inundará parte de nuestra ciudad

La organización Salvemos el río Gualeguaychú repudió la Resolución que otorgó el certificado de aptitud ambiental por parte del secretario de ambiente de la provincia, Fernando Raffo, a la sociedad de Altos de Unzué, que ejecuta el country Amarras

 

 

El 23 de junio de 2014, Raffo, por Resolución 264, levantó la sanción a Altos de Unzué, ante el pedido de la sociedad ejecutora, para que les permita colocar alcantarillas y evitar el desmoronamiento de los terraplenes ilegales que sobre la costa del río Gualeguaychú habían erigido. La decisión del organismo cayó muy mal en la comunidad que ya realizó dos marchas para repudiar el country, ya que el barrio privado generará inundaciones en la zona oeste de la ciudad.

 

En ese marco, desde la ONG explicaron a esta Agencia que "es claro que Raffo fundamenta ilegalidades con artículos y Leyes proteccionistas del medioambiente", por lo que repudiaron "la connivencia de todos los funcionarios públicos encargados de controlar este proyecto ilegal que hace uso y abuso de los bienes públicos". Precisamente, los activistas apuntaron contra los directores de Hidráulica, Cristian Gietz, y de Ambiente, Fernando Raffo, la asesora legal del Consejo Regulador de Usos y Fuentes de Agua (Corufa) y los intendentes de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y de pueblo General Belgrano, Jacinto Chesini.

 

Negocio millonario 

Los impulsores del emprendimiento sabían que implicaba una serie de usos de suelos e indicadores urbanísticos que exceden totalmente los usos previstos para la zona del predio, actualmente de tipo rural, por lo que plantearon que el cambio de usos de suelos es la primera barrera legal a solucionar, a través de una modificación al Código de Ordenamiento Urbano y Zonificación.

 

Además, Amarras del Gualeguaychú reconoció que los emprendimientos que causen un impacto ambiental negativo (ej., por su tipo de uso del suelo) y no tengan aprobado correctamente el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), son pasibles de acciones judiciales a fin de revisar, corregir o completar su EIA, amparándose en el principio de prevención de la Ley Nacional 25.675/02. Sin embargo, Amarras conociendo la legislación provincial violó el Decreto que regula la ley de Ambiente Nacional, por lo que hay dos sanciones que aplica la Secretaría de Medio Ambiente a la sociedad , pero ninguna se cumplió y ahora Raffo la "levantó", sospechosamente.

 

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