El profesional, quien es asesor del senador santacruceño Pablo González, destacó que la iniciativa nació con amplio consenso entre los trabajadores y los representantes de los empleadores, en el marco de la convocatoria al diálogo social que hiciera la Presidenta Cristina Fernández en agosto de 2013.

Dijo que el proyecto, que hoy obtuvo dictamen de comisión en la Cámara Alta y el miércoles se tratará en el recinto, establece un régimen escalonado de reducción de contribuciones patronales para las microempresas.

Explicó también que las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores, no pagarán más contribuciones patronales por cada nuevo empleo ( $ 4.150 millones de costo que absorbe el Estado)

En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año. El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años. (24 meses)

Cabe señalar que aquellas pymes que violen este régimen “van a perder todos los beneficios del Estado” y que esto constará en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales. REPSAL.

La propuesta contempla la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial, hasta ahora exclusivos para las actividades rurales, a otras ramas de la producción.

La permanencia en el REPSAL tendrá como duración máxima un plazo de tres años, aunque en los casos de sanciones judiciales por delitos contemplados en las leyes de Prevención de la Trata de Personas y de Prohibición del Trabajo Infantil se aplicarán los plazos contemplados en el Código Penal.

En este sentido, Barcelona aclaró que los empleadores incorporados en este Registro no podrán o acceder a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos, como tampoco celebrar contratos de compraventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción de compra, permutas, concesiones de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional, así como participar en obras públicas o concesiones de servicios públicos.

“Con esta ley se espera formalizar a unos 650.000 trabajadores en dos años, ya que el beneficio será por 24 meses”, dijo Barcelona, quien destacó que esta idea se inscribe en “la política llevada a cabo por la Presidenta de la Nación y el Ministerio de Trabajo para llegar al trabajo genuino que tanto dignifica a las personas”.

“Se calcula que en el país hay alrededor de un millón de trabajadores informales. En la última década, se crearon seis millones de puestos de trabajo, una cifra muy importante, y la desocupación ha bajado al 6,4 por ciento, un índice que no se conocía desde hace más de 30 años.

“En la década del 90, de cada 100 nuevos empleados, 92 se tomaban de manera informal; en la última década, de cada 100 nuevos puestos de trabajo, 90 son formales”, comparó el dorreguense.