Para el observador desprevenido, el fárrago de normas que se tratan y aprueban en la Legislatura puede ser inconmensurable. Lo extraño es que para quienes se dedican a la tarea de seguir los tratamientos legislativos, pase desapercibida alguna norma, sobre todo aquellas que legislan sobre cuestiones sensibles.

Tal es el caso de la idea que volvió a agitar el nuevo ministro de la Suprema Corte, Mario Adaro, referida a someter a los magistrados a un estudio psicofísico, iniciativa que en 2009 el Poder Ejecutivo remitió en forma de proyecto de ley a la Legislatura. El tema es que la evaluación de las capacidades físicas y mentales de los magistrados ya es ley desde 2004.

El 5 de marzo de 2004, Los Andes publicaba que la Legislatura había aprobado una ley por la que jueces, fiscales y asesores del Poder Judicial deberían someterse a exámenes psicofísicos que acreditaran su estado de salud. Esta norma se anticipó cinco años a la propuesta del Ejecutivo y siete años a la nueva apuesta de Adaro. La iniciativa fue presentada por los entonces senadores Oscar Ligonié y Oscar Sagás, ambos del Partido Demócrata. Esta norma nunca fue aplicada porque no ha sido reglamentada.

La historia de la idea del psicofísico para magistrados es larga. Allá por 2009, el Poder Ejecutivo remitió una batería de leyes para controlar a la Justicia. Sobre esa batería, el ex ministro de Gobierno y hoy juez volvió a principios de esta semana, cuando otorgó un extenso reportaje a la revista Democracia, que edita el diario Crónica. Allí había señalado que los jueces deberían someterse a un examen psicofísico como cualquier trabajador argentino al iniciarse en la función.

Consultado por este diario, el ministro de la Suprema Corte dijo que "es una barbaridad que el único modo para remover a un juez sea el Jury", dando a entender que el instrumento previsto en la Constitución tiene una connotación de castigo que no puede aplicarse en caso de enfermedad. Por este motivo es que propone la creación de un sistema jubilatorio especial para magistrados y el examen psicofísico.

Lo curioso es que nadie en el Gobierno ni el propio Adaro supieran de la existencia de la llamada "Ley Ligonié", en la que se impone la obligatoriedad de realizar un psicofísico completo a los aspirantes a ocupar un cargo en el Poder Judicial, mientras que le ordenaba a la Suprema Corte extender este examen de salud al resto de los magistrados en actividad.

En esa ley se establece que los aspirantes debían someterse al escrutinio de una junta médica integrada por profesionales de los hospitales Carlos Pereyra y El Sauce, antes de rendir ante el Consejo de la Magistratura.

Argumentos similares

Ligonié había presentado la iniciativa junto con Sagás cuando ambos eran senadores, un par de años antes de la aprobación. En 2003, el legislador demócrata pasó a la Cámara de Diputados y empezó a empujar la iniciativa hasta que fue aprobada en marzo de 2004.

Al momento de la aprobación, Ligonié decía que "el Poder Judicial y sus tribunales se ven superados por la conflictividad de causas, recursos y hasta conflictos que exponen a los jueces a un gran esfuerzo físico e intelectual. Es necesario entonces contar con controles médicos, psicológicos y psiquiátricos que garanticen un mejor funcionamiento del sistema".

Similares argumentos esgrime Adaro cuando dice que es "injusto" tener que someter a un juez a un Jury de Enjuiciamiento por problemas que "puede tener cualquier ser humano bajo presión".

Actualmente, los postulantes a cargos en el Poder Judicial deben pasar por un preocupacional psicofísico, de acuerdo a lo que indicó el secretario del Consejo de la Magistratura, Luis Alfredo Puebla. "Lo empezamos a hacer antes de que se sancionara la Ley Ligonié. Quienes han rendido el examen y que estaban en proceso de postulación, antes de mandar la terna al Ejecutivo, deben pasar por un psicofísico", explicó Puebla y aclaró que no les "consta que la ley haya sido reglamentada".