Asimismo, propicia instituir cada 4 de julio, como el "Día Provincial de Acción contra la Violencia Institucional del Estado", que tendrá por objeto promover la adopción de políticas públicas en materia de seguridad que sean respetuosas de los derechos humanos. La fecha elegida es en recordación al momento en que el joven artesano Juan Ángel Greco pierde la vida como consecuencia de la violencia ejercida por fuerzas de seguridad policial en el año 1990 en una Comisaría de Puerto Vilelas.

La iniciativa Nº 2153/2013 del Presidente del Bloque de la Concertación Forja, busca mitigar la violencia institucional, considerándola a esta como: todo acto que implique el uso de las fuerzas, el poder físico, y/o la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, síquica o que incluya privaciones o descuidos frente a una persona o grupos de personas, ejecutados por funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como las personas que cumplen funciones en esos poderes y/o por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales en cumplimiento de sus funciones.

La normativa dispone que sean autoridades de aplicación, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en coordinación con el Ministerio de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia del Chaco.

El Ministerio de Gobierno, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, dispondrán la realización de actividades consistentes en: actos; jornadas de concientización y debate; conferencias y disertaciones; talleres y cursos; etc.; alusivas a ambas fechas, en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial; en especial, en el área de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de capacitar y formar a los agentes del Estado en la concientización contra la violencia institucional.

Por su parte, el Ministerio de Educación dispondrá la incorporación en el calendario escolar de jornadas alusivas a los días instituidos, con la finalidad de aportar a la consolidación de una concepción democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.