La Legislatura convirtió en Ley el proyecto enviado por el Ejecutivo a mitad de año.
Lo contrastante es que los antecedentes de la medida se registraron en épocas de crisis profundas, como las de fines de los ‘80 y el fatídico 2001.
El proyecto girado hace varios meses desde los despachos de la Casa de Gobierno, pasó todo este tiempo en estudio de la comisión respectiva y se aprobó en la última sesión con el consentimiento del bloque mayoritario del justicialismo, al que acompañaron los diputados que integran los bloques unipersonales que responden a los intereses del oficialismo.
Los bonos de cancelación de deuda, se denominarán BOCADE y la autorización que otorgaron los diputados es por un monto de 100 millones de pesos.
El Gobierno adelantó que utilizará estos bonos para el pago de deudas consolidadas, deudas que cuenten con sentencia firme, reconocimiento judicial o administrativo, como las expropiaciones, excepto las que se generen por deudas previsionales, asistenciales o salariales.
En agosto, el gobernador Beder Herrera dijo en un acto que encabezó en el interior de la provincia que los bonos se entregarán con un plazo para cancelación de entre 20 a 30 años y argumentó que el Estado "no tiene otra manera de pagar".
Justificación y cruces
En la sesión, el presidente de la bancada del PJ Mario Guzmán Soria aseguró que es una herramienta que "no genera deuda si no que se paga la deuda ya existente".
La minoría del bloque del Frente Cívico y Social-UCR, se opuso la aprobación del proyecto y pidió que el mismo vuelva a comisión ya que consideró que no había elementos de análisis suficiente como para consentir la iniciativa oficial, pero no pudo imponer su criterio.
A la hora de la votación, la mayoría impulso los números y apenas justificó la norma que fue aprobada a libro cerrado, por lo que tampoco hay demasiados datos del texto sancionado, que seguramente será promulgado por el gobernador a lo largo de la semana que se inicia.
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