Cortará ese servicio el 1° de julio. Es por la falta de pago al Servicio Penitenciario y porque la Nación no paga los seguros contra daños durante los traslados. La Justicia había prohibido el uso de cadenas durante esos trayectos. La Provincia defiende esa práctica.
La decisión fue anunciada el 27 de mayo pasado por la ministra de Justicia de la Provincia, Graciela Chayep, al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones, Luis Rueda.
La misiva aclara que el Servicio Penitenciario sí continuará trasladando a todos los internos que se encuentren imputados en causas por delitos de lesa humanidad o cometidos por el terrorismo de Estado.
La decisión de la Provincia afecta especialmente el traslado de los presos a Tribunales Federales, por lo que incidiría negativamente en el desarrollo de los juicios por narcotráfico, trata de personas, contrabando y otros delitos federales. Por el momento, en Córdoba el único organismo que presta el servicio de traslado es el Servicio Penitenciario provincial.
La Cámara Federal de Apelaciones anunció ayer que la decisión de la Provincia será tema de acuerdo el jueves.
El fiscal General ante la Cámara Federal, Alberto Lozada, se mostró sorprendido por la situación. “Me parece que la medida que no corresponde. De todos modos, lo que se va a tener que hacer es lo que los jueces dispongan, porque hay un artículo del Código Penal que advierte sobre el incumplimiento de las órdenes de los jueces”, dijo Lozada a este diario.
Desde el Ministerio de Justicia de Córdoba, Graciela Chayep recalcó que la decisión se adoptó por varias razones. Citó el hecho de que la Nación –además de adeudar más de 90 millones de pesos por el alojamiento y cuidado de los presos federales – interrumpió el pago de los seguros contra daño a terceros durante los traslados.
Pero hay otra razón de fondo: ya fueron presentados cuatro hábeas corpus por las condiciones en que la Provincia realiza esos traslados y el juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa el 29 de mayo ordenó al Servicio Penitenciario que cumpla con la reglamentación nacional e internacional que prohíbe que los presos sean trasladados encadenados. La orden rige sólo para los presos federales.
Chayep defendió esa medida de seguridad. “La praxis nos indica que el medio de sujeción más indicado es la cadena de 1,5 milímetros. Las esposas se ajustan aun con movimientos involuntarios, y provocan escoriaciones a los detenidos”, indicó.
La defensora oficial de Córdoba, Mercedes Crespi, cuestionó la medida y dijo que esto muestra “abiertamente que el Servicio Penitenciario de Córdoba se niega a modificar prácticas que a todas luces son violatorias de los derechos humanos de los detenidos”.
Versión oficial
Graciela Chayep (Ministra de Justicia). “La Nación tiene una deuda enorme con el Servicio Penitenciario y hasta dejó de pagar los seguros contra daños a terceros durante los traslados. Ahora, la Justicia Federal objeta el uso de cadenas en esos trayectos, cuando a nosotros la praxis nos indica que ese medio de sujeción produce menos lesiones que las esposas”.
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