El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó ampliar a nuevos empresarios, la imputación por la violación al artículo 55 de la ley de Residuos Peligrosos, por la contaminación que producen en las aguas del embalse Río Hondo y sus tributarios, la actividad industrial en Tucumán.
El funcionario judicial emitió un dictamen en el que pide al juez federal Guillermo Molinari que indague a José Antonio Fernández, de la firma Los Dulces Norte SA; a Miguel Ángel González del ingenio Marapa; y a Fernando José Terán, del ingenio Santa Bárbara. También a Jorge Alberto Rocchia Ferro, por la contaminación que producen los ingenios Cruz Alta, La Florida y Aguilares; y a Julio José Colombres, por la polución ambiental que genera la actividad industrial en los ingenios Aguilares (lo administra), Santa Bárbara y Nuñorco.
Como se recordará, por la causa “Denuncia Luis Saleme –ex intendente de Las Termas de Río Hondo- sobre envenenamiento de aguas y daños en el lago contra autores desconocidos” y que lleva el número de expediente 4166/10, Simón había solicitado anteriormente la indagatoria de la empresaria tucumana Catalina Lonac, copropietaria con Rochia Ferro, del grupo empresarial Los Balcanes que posee los ingenios Cruz Alta, La Florida y Aguilares; y de Colombres. Más tarde pidió que se impute e indague al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal).
Investigación
Mientras tanto el titular del Ministerio Público Fiscal continúa con la tarea de dar con los titulares de los demás ingenios, citrícolas y otras empresas sindicadas como las responsables de dañar el ecosistema del lago del embalse Río Hondo. Para ello y ante la falta de colaboración de las autoridades de Tucumán para conseguir esta información, Simón requirió a Molinari que libre oficio a la Afip para que informe quiénes son los responsables de las firmas investigadas. Tras reiterados pedidos a las autoridades de la vecina provincia, Simón pidió que se amplíe el requerimiento de instrucción en contra del director o responsable del Registro Público de Comercio de Tucumán, por el delito de desobediencia judicial.


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