El Estado provincial respetará el acuerdo salarial alcanzado con la Policía el pasado 7 de diciembre, tras el amotinamiento y posterior sitio que le impusieron a la Casa de Gobierno, pese a que voces del Frente para la Victoria (FPV) sugirieron que el gobierno no debería hacerlo, porque se trató de una negociación viciada por las amenazas en el uso de las armas. Así lo confirmaron a El Esquiú.com fuentes oficiales, que garantizaron que la administración honrará el pacto alcanzado en la madrugada del pasado 7 de diciembre, y que en ese momento dio por terminado el conflicto sectorial.

El acuerdo estipuló un aumento para los efectivos, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario, elevando el sueldo mínimo básico neto en un total de $ 7.050, considerando lo que percibirá un agente de rango más bajo recién egresado de la Escuela de Cadetes. Las fuentes gubernamentales confiaron que, en esa ocasión, la gobernadora Lucía Corpacci negoció “teniendo en cuenta las posibilidades financieras de la Provincia”, por lo que se hará lugar al pacto alcanzado.

Voces

Esto, pese a que voces del Frente para la Victoria, a nivel nacional y local, sugirieron que la Provincia no debería pagar los montos convenidos en virtud de que fue mediado por amenazas en las que se emplearon las armas reglamentarias. En el plano nacional, el diputado nacional y abogado laboralista, Héctor Recalde (FPV), dijo que los acuerdos que firmaron varios gobernadores con la Policía son jurídicamente de “nulidad absoluta”, ya que fueron realizados en medio de una “sedición”.

“Cada gobernador hará lo que la realidad le permita, pero yo estoy de acuerdo con aquellos que están planteando una readecuación de los acuerdos. Hay que separar la paja del trigo: el reclamo salarial siempre es justo; acá lo que estamos cuestionando son los métodos, sobre todo tratándose de la Policía”, dijo el legislador a medios nacionales. En este sentido, Chaco, Entre Ríos y Misiones son las provincias que adelantaron que no efectivizarán el pago de los incrementos salariales a las fuerzas de seguridad, que en algunos casos llegaban al 50%.

En Catamarca, el diputado Rolando Crook dijo que la negociación, “desde el punto de vista jurídico, no es voluntaria. Cuando la libertad se ve restringida por la violencia moral, se debe revisar el acuerdo. No estoy en contra del reclamo, sino del método”, comentó, en su momento, el legislador. Crook dijo que las partes “debieron haberse reunido y conversar en términos racionales, no con la presión de las armas, lo que genera una expresión de legítimo temor”.

Respaldo

En este sentido, el diputado provincial integrante del bloque del Frente Tercera Posición (F3P), Marcelo Rivera, sugirió que la administración gubernamental respete el convenio alcanzado con las fuerzas de seguridad: “En nuestra provincia, no ha llegado sangre al río. Se entendió que hubo excesos. Cuando hubo pedidos de sumarios e investigaciones de la Justicia, la Policía acompañó. En Catamarca, no deberíamos estar cuestionando si se debe pagar o no”, dijo el diputado.

De acuerdo al legislador, la violenta situación acaecida en diciembre alcanzó ese extremo debido a que “las fuerzas no tienen representación gremial. En algunas provincias, hubo mayor énfasis que en otras, pero en Catamarca, dentro de todo, me parece que los muchachos entendieron que se les fue la mano. El reclamo salarial es justo, pero deberían tener una representación gremial”, sostuvo.

Myriam Juárez: “Si no se respeta, puede ser más grave aún”

La diputada nacional Myriam Juárez (FCS) desacordó con su par, Recalde, diciendo que, en el caso de Catamarca, “si no se respeta el acuerdo, puede ser más grave aún”. “No hay discusión de que cualquier acuerdo que se logre bajo coacción es nulo, porque todo pacto o acuerdo tiene que ser forjado en la libre libertad de las partes. Aún así, ahora debería respetarse lo negociado”, dijo la congresista a El Esquiú.com.