Lo que asomaba como una probabilidad terminó de concretarse luego de que el Estado bonaerense firmara el decreto que adecua el régimen de redeterminación de precios de los contratos de las obras públicas, y otorga más incentivos para que las empresas constructoras participen de las licitaciones.

La medida había sido anticipada por el mandatario provincial en una reunión que mantuvo con los representantes de la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción, pero se cristalizó ayer con la publicación del decreto 2.508 en el Boletín Oficial de la Provincia.

El régimen, en rigor, presenta vida desde hace casi 10 años en la Provincia, pero la escalada inflacionaria que se profundizó en los últimos años y que se disparó en 2010 hizo necesario una readecuación para que las empresas realmente pudieran llevar adelante obras públicas.

La nueva norma dispone que una vez que se haya hecho el primer pedido por mayores costos, para lo cual debe acreditarse una suba de, por lo menos, un 5% con respecto a los valores del contrato, “las siguientes podrán ser solicitadas por el contratista mes a mes”.

La medida que regía hasta ayer no especificaba cada cuánto se podían realizar las actualizaciones de precios, pero en la práctica se realizaban cada “seis u ocho meses”, según fuentes de la Cámara Argentina de la Construcción.

El cálculo para las subas se haría en base al índice que da el INDEC y al índice inflacionario de costos de insumos para la construcción de la Dirección Provincial de Estadística.

A su vez, el análisis para el incremento de mano de obra se manejará a partir de los convenios colectivos de trabajo y se irá actualizando a partir de los acuerdos salariales, al igual que las alícuotas impositivas, aduaneras, cargas sociales o aranceles profesionales fijados por los colegios.

El ojo crítico del arco opositor está centrado, además de que el decreto blanquea la inflación que el gobierno oculta, en que precisamente se libera la normativa, justo en un año cargado electoralmente. Algunos legisladores afirman que la idea pasaría por la necesidad de mostrar gestión en obra pública y viviendas, una demanda nodal de los municipios.