El estudio contratado fue D´Andrea Cornejo y Asociados, cuyos servicios ya habían sido requeridos en julio del año pasado, cobrará 6 mil pesos mensuales para brindar un "asesoramiento jurídico integral, a través de dictámenes e informes, sobre todas las cuestiones que le sean sometidas en materia de derecho público, penal y tributario", y que sean requeridas por la Secretaría General de la Gobernación o la Secretaría Legal y Técnica.

La Ley de Contratacio-nes (6.838) establece que "la contratación de profesionales o técnicos bajo el régimen de contrato de locación de servicios se realizará por concurso de méritos y antecedentes".

Sin embargo, habilita a que se realicen en forma directa y con autorización del funcionario responsable "siempre que su notoria competencia y experiencia, fehacientemente comprobada y fundada expresamente en el expediente, haga innecesario el concurso de méritos y antecedentes".

En el decreto 2.794 en el que se contratan los servicios de D´Andrea Cornejo y Asociados, no se exponen las razones por las que se contrata a ese estudio en lugar de otros, ni cuáles son las razones que ameritan su contratación.

Lo mismo ocurrió con la contratación del estudio Borda Abogados y con la del estudio Aguilar Consultores Jurídicos y de Gestión, ambas en marzo de este año.