Desde la creación del protocolo interinstitucional –hace un año-, en Tucumán se intervino en 1.300 casos de niños y adolescentes víctimas o testigos de violencia física, de los cuales 453 fueron por abuso sexual.

Representantes de los tres poderes del Estado se reunieron en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en una mesa de diálogo para monitorear el protocolo, promovida por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia.

Edgardo Sánchez, titular de la Fiscalía Penal IV del Centro Judicial Concepción (CJC), explicó que uno de los puntos principales del documento es evitar la revictimización del niño: "Una vez que sufren estos delitos, son sometidos a diferentes abordajes médico, asistencial, educativo, judicial y policial, lo que de alguna forma les hace revivir el episodio”. En ese punto, aclaró: "La idea es evitar todo esto en base a los mandatos internacionales de los derechos de los niños”.

El protocolo es producto de un trabajo articulado entre el Poder Judicial, encabezado por la vocal de la Corte Claudia Sbdar, y los ministerios de Salud, Desarrollo Social, Educación y Gobierno, Justicia y Seguridad.

Myriam Martini, directora de Niñez, Adolescencia y Familia de Desarrollo Social dijo: "Al tomar el caso trabajamos en el acompañamiento de la víctima y su familia” y rescató que con el protocolo se garantizan los derechos del niño.

Erica Brunotto, titular de Derechos Humanos, reveló que desde el área se trabajará en prevención y concientización, y que los Derechos del Niño se ubican como una política de Estado. "Los tres poderes bregamos para el monitoreo del protocolo y agregar o modificar algunos puntos si es necesario”, agregó.

"Tucumán es la primera provincia que implementa un protocolo de estas características. Otras deberían tenerlo en cuenta por que contiene un abordaje unificado para asistir a las víctimas. Esto es un gran avance”, sintetizó Diana Galimberti,  directora General de Salud en la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires.