La polémica ley de bosques provincial entraría en vigencia a comienzos de 2011. Así lo anticipó el secretario de Ambiente de la Provincia, Raúl Costa, quien señaló que los técnicos de la cartera ya trabajan en la reglamentación del articulado aprobado por la Legislatura el 5 de agosto.

El funcionario señaló que respeta la decisión de la Universidad de Río Cuarto de recurrir a la Justicia, pero que de todos modos la intención es que a comienzos del año próximo esté finalizada la reglamentación.

¿Qué opina de la decisión final de la Universidad de Río Cuarto de recurrir a la Corte por la ley de bosques?, le consultó PUNTAL.

No hay mucho que opinar al respecto. Es una cuestión eminentemente judicial y no cabe que desde la Secretaría opinemos sobre eso. Es una decisión de la Universidad, respetable, que no me corresponde analizar si es correcto. Fue fruto de un estudio que hicieron sus profesionales, y por lo tanto sólo hay que esperar el resultado que tenga a nivel judicial.

¿De todos modos creen que la norma provincial respeta los preceptos mínimos de la ley Bonasso?

Sí, nosotros creemos que la ley provincial cumple con los preceptos mínimos de la normativa nacional. Para nosotros no es tal vez la mejor ley, tal vez no es una ley excelente, y como toda seguramente es perfectible. Pero es una ley, que es lo que necesitábamos en definitiva. Tener un marco regulatorio de ordenamiento territorial de bosque nativo. Para nosotros fue un avance importantísimo. De no tener nada o de tener la vieja 9.219 que muchos la desconocían o la pasaban por alto, esto fue un gran avance.

¿Y si se la declara inconstitucional?

Si sobre esa ley, que no fue ni siquiera una iniciativa de Ambiente de la Provincia sino que fue iniciada y sancionada por la propia Legislatura, luego se determinara en sede judicial que no reconoce los aspectos mínimos que plantea la ley Bonasso, se verá qué ocurre en ese momento en la aplicación. Nosotros estamos trabajando ya en una sola cosa con respecto a este tema, y que no es poco importante, porque se trata de la reglamentación de la norma. Tenemos 120 días para hacerlo y la idea nuestra es tenerla lista antes de fin de año para poder allí sí en la reglamentación, si hace falta, corregir o atenuar algunos de los efectos de la ley si encontramos que alguno pudiera ser negativo. Pero estamos recién iniciando ese análisis.

¿En ese marco puede haber nuevas rondas de consultas?

Me parece que no. Porque fue muy debatido el tema. Yo estuve dos períodos en la Legislatura provincial y no recuerdo, y dudo que la haya habido, otra ley que haya sido tan discutida, tan conversada, con tantas reuniones de comisión y extra comisión. En el ámbito de la Secretaría de Ambiente se había conformado una comisión de ordenamiento territorial que no ha tenido menos de 20 o 30 reuniones formales, más todos los talleres que se hicieron en el interior de la provincia. Luego el anteproyecto llegó a la Legislatura donde estuvo alrededor de un año en tratamiento de comisión permanente. Me parece que con todo ese tratamiento que tuvo, en esta etapa no corresponde abrir una nueva instancia de discusión. En todo caso, cuando se termine la reglamentación se puede consultar o anoticiar a las partes interesadas.

La demanda, antes de fin de mes

El área de Jurídica de la Universidad Nacional analiza antecedentes y normativas para elaborar la presentación que en las próximas semanas se hará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal evalúe si la ley de bosques aprobada por la Unicameral responde a los preceptos de la normativa nacional.

Para ello se solicitará a la Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad.

Es que para los técnicos que participaron de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Cotbn) no hay dudas de que la normativa no respeta el piso de conservación que establece la ley nacional. Lo mismo habían argumentado los expertos de la Universidad Nacional de Córdoba; sin embargo aquella casa de altos estudios, al igual que la de Villa María, resolvió desestimar el planteo legal y en cambio le presentará los expedientes a la Defensoría del Pueblo para que sea ese instituto el que determine la necesidad o no de reclamar la inconstitucionalidad.

En la Universidad esperan que la resolución de la Corte no se demore y que se expida pronto para terminar con las dudas y las especulaciones. “Vamos a garantizar que la presentación se haga lo más pronto posible, pero a partir de ahí dependerá de la Corte”, advirtieron.