Tal cual se preveía, el Poder Ejecutivo presentó ayer el recurso de casación contra la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró nulos e inconstitucionales los incisos 14 y 16 del artículo 43 de la Constitución Provincial, sancionada en 2006.

Básicamente, el Tribunal objetó la integración de la Junta Electoral con una mayoría de representantes del Gobierno, tal como fue plasmada en el inciso 14 del artículo 43. El fallo de la Sala II de la Cámara, integrada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, también consideró inconstitucional el inciso 16 de esa misma cláusula de la Carta Magna, el cual establece que ningún funcionario puede ser obligado a tomar licencia previa a una elección por el hecho de ser candidato.

La presentación de ayer lleva la firma del apoderado del Gobierno, Rafael González Auad, con el asesoramiento del Ministro Fiscal, Pedro Giúdice. Según la Constitución, la Junta Electoral debe estar conformada por el Fiscal de Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia y el vicegobernador, que a su vez es el presidente de la Legislatura pero funcionario del Poder Ejecutivo.

En uno de los párrafos salientes de la apelación se argumenta que "el resultado (de la sentencia) es la vigencia de un texto constitucional que no tiene origen en la soberanía del pueblo, sino en la arbitraria decisión de uno de los poderes constituidos en el caso por un tribunal de rango inferior que no ocupa la cúspide del poder. Una sentencia así concebida comporta un agravio a los más elementales principios, derechos y garantías consagrados por nuestras Constituciones Nacional y Provincial, y a disposiciones de leyes provinciales".

La movida de la Casa de Gobierno devolvió la pelota a la Sala II, ya que los vocales Novillo y Giovanniello tienen que evaluar si efectivamente conceden el recurso y lo remiten a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva en definitiva. El otro camino es rechazarlo, lo que le permitiría al Poder Ejecutivo recurrir directamente al máximo tribunal para que intervenga.

El fallo del Tribunal desató la furia entre el oficialismo y hasta el gobernador José Alperovich se refirió en duros términos y dijo que se es una intromisión del Poder Judicial sobre cuestiones políticas.