La Provincia acumula una deuda cercana a los $ 500 millones con las constructoras por obras que las empresas ya han desarrollado en distintos puntos del territorio cordobés. El pasivo se compone por $ 300 millones correspondientes al 2012 y por otros $ 200 millones pertenecientes al 2013.

Pese a esta situación, fuentes vinculadas a la Cámara de la Construcción de la Provincia de Córdoba aseguraron que el diálogo con el gobierno de José Manuel de la Sota está activo y justificaron los retrasos al afirmar que parte de las demoras se deben a los gastos extras que la administración peronista tuvo que enfrentar después del autoacuartelamiento policial (que implicó un aumento salarial del 33% para los efectivos de la fuerza) y del bono de fin de año acordado con los empleados estatales ($ 1.000).

A todo esto, si se compara el estado actual con el registrado hace un año, la deuda por las obras públicas ejecutadas bajó $ 100 millones. Sin embargo, la cifra que aún queda por cobrar sigue siendo significativa para las compañías afectadas.

A comienzos del 2013, la Cámara de la Construcción acordó con la Provincia un plan de pagos por lo adeudado en 2012.

Así, por medio del Banco de Córdoba, las empresas recibieron créditos en 12 cuotas que sirvieron para cancelar $ 300 millones, dinero equivalente a la mitad del pasivo total del 2012 ($ 600 millones). No obstante, el Gobierno no pudo (o no quiso) cumplir con la segunda parte del trato: pagar los restantes $ 300 millones de una sola vez en diciembre pasado.

Por eso, la entidad busca ahora pactar un nuevo esquema de desembolsos para que en los próximos meses este último monto sea saldado. A la vez, intentaran establecer un mecanismo similar para recuperar los $ 200 millones que se juntaron durante el año pasado.

“En 2013 se venía pagando bastante bien pero los hechos de público conocimiento han afectado la capacidad del Gobierno. La situación actual es la que se viene dando permanentemente en los últimos años. Nosotros sabemos que el ajuste siempre viene para este lado, es habitual. Lo mismo le sucede a casi todos los proveedores del Estado. De todas maneras, seguimos en conversaciones con el área de Obras Públicas y esperamos acordar como ha sucedido siempre”, dijo confiada una fuente ligada al sector de la construcción.

Para este año, las empresas pretenden que los certificados de obras impagos no se sigan acumulando. En ese sentido, también dialogarán con la Provincia para que determine con claridad cuáles son las obras que está en condiciones de pagar antes de que se ejecuten.

El objetivo

“El objetivo es que no se produzcan grandes incumplimientos para evitar situaciones que desestabilicen a las empresas. Los aumentos salariales, que generalmente son superiores a los que se conocen de manera pública, y los bienes que las compañías tienen que incorporar para hacer frente al desarrollo de las tareas implican importantes erogaciones. Por eso es fundamental cobrar lo que la Provincia nos debe.

Hoy en día, la empresa que toma una obra pública tiene que tener un respaldo o una reserva que les permita soportar estos retrasos”, consideró otro de los empresarios consultados.