La investigación judicial por presuntos sobreprecios ocurridos en el área de Compras y Suministros del Municipio durante el gobierno de Daniel Katz fue iniciada a partir de una denuncia penal presentada por la Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices. En ese marco, el ex Fiscal de Delitos Económicos, Pablo Poggetto, a través de una serie de pesquisas y de cotejar documentación, logró descubrir la supuesta adulteración de los cuadros comparativos de precios, por lo que eran en todos los casos favorecidos dos proveedores. Finalmente, se había determinado que el Tribunal Oral Criminal N° 4 de esta ciudad juzgaría a los proveedores Marcelo Fortier y Antonio Marón Aon; al ex jefe de Compras, Carlos Luppi, y a los empleados Eduardo Fiorelli, Néstor Molina y Marcos Brown, por presuntos hechos de corrupción. Puntualmente, a los imputados se los acusa de haber participado entre mayo de 2003 y abril de 2004 de 11 hechos de defraudación, consistentes en la compra de alimentos, mercaderías (aberturas y calefactores, entre otros), y medicamentos que eran destinados a la Comuna, y por los que se pagó un presunto sobreprecio que iba del 100% al 500%. Sin embargo, según pudo saber Felices en las últimas horas, los dos proveedores involucrados podrían ser beneficiados con la aplicación de una probation o suspensión de juicio a prueba, lo que les evitaría tener que comparecer ante el Tribunal. Frente a esa posibilidad, la Defensora del Pueblo se mostró sorprendida y dijo “no entender” la medida. “Fortier y Marón Aón, representante de Sánchez Mazza, eran dos bolseros que habrían cometido irregularidades en la facturación y, de acuerdo a lo denunciado, podrían haber cobrado cifras muy altas y haber emitido facturación adulterada”, advirtió en diálogo con 0223.com.ar. En ese sentido, subrayó que “estos dos señores cobraron altas sumas de dinero y, según lo que pudimos ver en facturaciones también apócrifas, eran cosas con sobreprecios”. Por último, anticipó que este viernes solicitará tener acceso a la causa judicial que se tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos N° 9, para “saber cuáles son los fundamentos que habría utilizado el fiscal (Eduardo) Amavet para solicitar o acompañar una probation”.