SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Los trabajadores de Promoción Familiar Bariloche denunciaron la asfixiante "precarización laboral" que soportan desde hace años y los escasos recursos destinados a la atención de los sectores más vulnerables de la ciudad, como contrapartida a la creciente situación de pobreza de amplias franjas sociales.

Operadores, técnicos y asistentes sociales, nucleados en ATE, anticiparon la decisión de iniciar un plan de lucha hasta que el gobierno instrumente un blanqueo definitivo en el Ministerio de Familia.

Las demandas son: la eliminación de las contrataciones precarias a través de becas y del decreto 115, el reconocimiento de la antigüedad, un aumento salarial acorde a la canasta familiar, la liquidación de salarios en fecha, la regularización del Ipross y el fin de los "programas pantalla" y del "vaciamiento de las política pública".

Además, exigen el levantamiento de los sumarios iniciados a 11 compañeros de la delegación Roca tras las protestas del año pasado, que "son usados como amenaza frente a cualquier reclamo", aseguraron.

Más de 25 operadores y asistentes de los distintos programas -Comer en Familia, Libertad Asistida, Caina y Convivir- trabajan en negro, remunerados mediante el sistema de becas que reparte sueldos de $1.000 a $1.600. En contrapartida el personal de planta de la delegación local no llega a 10 empleados.

Adela de los Santos señaló a "Río Negro" que "el 95 por ciento del programa de Fortalecimiento Familiar está atendido por trabajadoras contratadas en negro -mediante becas- e incluso contrataciones de palabra, porque el primer sueldo les llega hasta tres meses después que comenzaron a trabajar".

La delegación local arrastra crisis recurrentes desde 2004, cuando quedó virtualmente vaciada de personal, y las escasas mejorías dispuestas por el Ministerio no llegaron a ser significantes ante el crecimiento de la población vulnerable asistida.

"El ministerio de Familia instrumenta programas que son pantallas y presiona a los trabajadores para ocultar que está vacío de contenido, pero la realidad es que la política pública está totalmente vaciada", sostuvo Ursula Caracoche, trabajadora y delegada de ATE en la repartición.

En tal sentido advirtió que "en los últimos cinco años se ha profundizado y complejizado la situación de pobreza de los usuarios con los que trabajamos, hay familias que subsisten con $160 de ingreso mensual o viven hacinados en casillas sin baño".

Entre los recortes que soporta la delegación, recordaron que desde diciembre de 2009 hasta marzo pasado no se entregaron los módulos del programa Comer en Familia, que asiste a centenares de beneficiarios; el cierre del Caina de El Bolsón y del Hogar Convivir de esta ciudad sin alternativas para evitar la derivación de los jóvenes afectados. "El Convivir, que se abrió hace dos años y según (el ministro Alfredo) Pega era un hotel cinco estrellas, ahora los están cerrando por reformas" ironizó de los Santos.