Un numeroso grupo de docentes universitarios se concentraron ayer frente al decanato de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional para expresar su repudio al accionar del sindicato en el juicio por las explosiones en la Planta Piloto.

La convocatoria partió de diferentes facultades y sirvió para que cada uno de los decanos recibiera un escrito pidiendo la solidaridad con los procesados por la Justicia Federal y para que se debata en cada uno de los consejos directivos el rol de la Asociación Gremial Docente.

Como se recordará, el debate entre quienes sostienen la necesidad de sostener el papel de querellante en el proceso judicial abierto por la muerte de seis personas y aquellos que consideran que el sindicato no puede acusar a trabajadores, comenzó años atrás y se intensificó a fines del año pasado donde finalmente se convocó a una asamblea del sindicato para resolver las diferencias.

El viernes 7 de diciembre en el Aula Mayor y por una amplia mayoría se resolvió continuar como querellante dentro del juicio. Sin embargo, las diferencias continuaron. Y ahora volvieron a manifestarse cuando los abogados representantes del gremio pidieron para cinco de los seis procesados penas más elevadas que el fiscal federal Maximiliano Hairabedian.

“Estamos ante un gremio que acusa a sus afiliados. Un afiliado que paga a los abogados que lo acusan. Es una aberración. Eso es lo que nos otros venimos diciendo ya desde hace mucho tiempo”, señaló José Luis Hernández, ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería y quien encabezó la protesta de ayer.

A la convocatoria asistieron los decanos Gisela Vélez (Humanas), Elena Fernández (Agronomía y Veterinaria), Pedro Ducanto (Ingeniería) y Rosa Catana (Exactas). Por Económicas estuvo presente la vicedecana, Graciela Mignaco. A su vez, también participó el secretario general de Aturc, Eduardo Tello.

“Un gremio tiene como razón de ser la de defender a sus afiliados. Y si para atacar a los mismos hay que tratar de dar una vuelta medio retorcida y decir que son docentes, afiliados, pero en ese momento estaban cumpliendo una función de conducción, que incluso en algunos casos no es rentada... Pero de todos modos no nos metemos con el proceso judicial, no nos corresponde, no debemos ni queremos. La Justicia debe seguir su curso. A lo que nos negamos siempre es a que ellos vayan con dos abogados a acusar a los afiliados. Porque si ve eso, ¿cuál es el sentimiento de un juez? Si los que se suponen defensores son los principales acusadores y duplican las condenas solicitadas por el propio fiscal. ¿Qué podemos esperar sino indignación, congoja, vergüenza?”, se preguntó el docente de Ingeniería. Sobre si el reclamo llega a tiempo, Hernández destacó que “probablemente no porque sólo resta que los jueces dicten su sentencia. Pero reitero que el objetivo no es cambiar el rumbo de la Justicia, sino dar una expresión fehaciente de la comunidad universitaria y demostrar que no todos los docentes, ni siquiera la mayoría, quería esto. Hubo más de 400 firmas con nombre y apellido que les dijeron ‘no se metan porque no tienen imparcialidad’”, remarcó.

Después de presentarle el petitorio a las autoridades de las facultades, los docentes fueron hasta el Rectorado para presentar también allí una copia. Los recibió el secretario general de la Universidad, Pablo Galimberti, quien informó que ni el rector Marcelo Ruiz, ni el vicerrector Javier Salminis estaban en Río Cuarto. Con aplausos y gritos de justicia, los docentes ingresaron al pasillo del Rectorado y le pidieron a Galimberti que las autoridades evaluaran la carpeta entregada.­ El secretario se comprometió a acercársela al rector.