Una serie de planillas policiales secuestradas en diferentes investigaciones de la Justicia Federal y de la provincial demuestran que los efectivos de la fuerza, de manera oficial, constataban el funcionamiento de prostíbulos de la provincia de Córdoba.

Así lo revelan documentos a los que accedió La Voz del Interior, que figuran en por lo menos dos causas judiciales (una federal y otra provincial). Allí constan las planillas de controles que la Policía, tanto en Capital como en el interior, realizó durante años, por lo menos hasta fines de 2011.

En los documentos figuran sellos y firmas de los uniformados y sus jefes. Los controles policiales se extendieron en prostíbulos, whiskerías, burdeles, cabarés y cuantos locales más funcionaran bajo diferentes denominaciones, pero con un mismo objetivo: la explotación sexual.

Se trata de locales que, pese a estar prohibidos desde hace más de 70 años, hasta hace poco eran visitados con frecuencia por los policías cordobeses.

“No existía justificativo para que la Policía pasara a controlarlos; es una actividad que está prohibida por la ley de profilaxis, más allá de la denominación que decía tener cada local”, indicó el fiscal federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, Enrique Senestrari.

En Córdoba la situación comenzó a revertirse con la ley provincial 10.060, sancionada por la Unicameral en mayo del año pasado. La normativa buscó cerrar todos los prostíbulos que había en territorio cordobés.