Los presidentes de los bloques del Concejo Deliberante resolvieron ayer prorrogar por 120 días la ordenanza que establece el uso del GPS en los taxis del distrito y suspender la sesión ordinaria que debía llevarse a cabo hoy. La decisión implica una postergación en el tratamiento de los pliegos de bases y condiciones para licitar los balnearios de La Perla y el Torreón del Monje.

La resolución que pospone la implantación del sistema de seguimiento satelital en los vehículos de transporte fue tomada ad referendum, lo que quiere decir que será refrendada en la sesión, que no tiene una fecha prevista.

La prórroga de la norma del GPS es la segunda (la anterior fue por 60 días) y ya había generado cuestionamientos la semana pasada, después de que la votara la Comisión de Transporte. La criticaron tanto los que están a favor de la implementación obligatoria del seguimiento satelital (el Sindicato de Peones de Taxis) como de los que buscaban que fuera optativo (los denominados "autoconvocados" y las asociaciones de propietarios de licencias).

"No quieren quedar mal con ninguno de los sectores para no perder votos", coincidieron. Es porque la ordenanza comenzaría a regir después de las elecciones de octubre.

Según fuentes legislativas, la suspensión de la sesión buscó evitar conflictos con los taxistas. "Esto no tuvo que ver con los guardavidas", dijeron. Es que el sindicato del sector resiste los pliegos para licitar los balnearios de La Perla y el Torreón porque no incluyen ninguna cláusula que suponga la municipalización del servicio de seguridad en playas. El gremio, conducido por Néstor Nardone, se había declarado en alerta y movilización y había advertido que buscaría hasta último momento una modificación en los pliegos que contuviera su pedido.

Otra entidad sindical del sector, la Unión de Guardavidas Agremiados, también había manifestado la necesidad de que los trabajadores revistan en la planta comunal.

En el gobierno municipal y el bloque oficialista, sin embargo, consideran que esa es una discusión que debe darse por separado: aseguran que la municipalización implicaría variaciones en los costos de las licitaciones que están en tratamiento y también en la estructura de la comuna.