Alcanza a los departamentos Corpen Aike y Magallanes y se extiende por un año a partir del 1 de abril. Los productores tendrán beneficios impositivos e ingresar a un programa de financiamiento para recuperar su stock. La medida fue reclamada, en su momento, por el titular de la Sociedad Rural Argentina.
De este modo, los productores pueden acogerse a la Ley Nº 26.509, de emergencia agropecuaria y la resolución indica que el 31 de marzo de 2013 es la fecha de finalización del actual ciclo productivo “para las producciones de las áreas citadas”.
“Las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), arbitrarán los medios necesarios para que los productores agropecuarios comprendidos en la presente resolución gocen de los beneficios previstos en dicha Ley”, sostiene la norma que lleva la firma del titular de Agricultura, Norberto Yauhar.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, reclamó días atrás, en ocasión de visitar la provincia de Santa Cruz para la exposición rural, una política ovina integral que devuelva rentabilidad al ganadero de la Patagonia el que, aseguró, enfrenta hoy un duro contexto.
“El panorama aquí es muy grave. Luego de tres años de seca, sumados a los efectos del volcán Chaitén en 2008 y del Puyehue en 2011, el stock ovino se redujo a menos de 10 millones de toneladas, con una caída del 37% desde 2007, el nivel histórico más bajo. La producción de lana cayó a 44 mil toneladas anuales contra 75 mil de la zafra 2004/5 y, sólo en la provincia de Santa Cruz se registró un descenso del 33% en el stock, entre 2010 y 2012, con un saldo de 600 campos vacíos”, describió Etchevehere tras visitar la provincia.
Asimismo reclamó herramientas que “devuelvan rentabilidad” a la producción ovina. “Se deben impulsar con premura herramientas que devuelvan rentabilidad a la producción ovina, una actividad de vital importancia en la Patagonia, donde no hay posibilidades de realizar otras alternativas. De lo contrario, se seguirán despoblando los campos”, indicó el representante de los productores.
En ese marco fue que Etchevehere solicitó que se prorrogue la emergencia nacional que vence en abril (justamente el decreto que fue oficializado ayer en el Boletín Oficial) para aquellos departamentos afectados por la sequía y las cenizas, como también el correcto funcionamiento de la Ley Ovina. “No queremos que esta norma se use para crear burocracia, sino para atender las reales necesidades del productor lanero y para fomentar el arraigo”, concluyó.
La resolución del Ministerio de Agricultura aclara que los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran afectados por la sequía.
En los considerandos, sostiene que la prórroga de la emergencia permitirá paliar la situación de los productores y posibilitar la recuperación de las explotaciones afectadas.
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