Por las demoras en los procesos licitatorios, el Ente Municipal de Turismo decidió extender los permisos precarios para los actuales concesionarios que explotan el complejo La Perla, el Torreón del Monje, y los balnearios del sur denominados Arroyo Seco II y Arroyo Lobería.  

En una serie de  resoluciones, a las cuales 0223 tuvo acceso, el titular del Emtur, Pablo Fernández, explicó que “ante el inminente arribo de la temporada estival, la necesidad de prestar servicios acordes con la demanda turística que posee nuestra ciudad, y las complicaciones materiales y normativas que genera la actual incertidumbre respecto a las adjudicaciones del predio, deviene imprescindible otorgar un permiso precario a favor del expermisionarios, que permita la continuidad hasta el 30 de abril de 2016, mientras se resuelva la adjudicación del llamado a licitación”.

Tal como adelantó este diario digital, el 8 y 9 de octubre próximos la Comuna de General Pueyrredon llevará adelante el acto de apertura de sobres para conocer el contenido de las propuestas que realicen los oferentes privados interesados en obtener la adjudicación de los balnearios del complejo La Perla y del Torreón del Monje. “Debe considerarse que el pliego de bases y condiciones establece un procedimiento que incluye toma de vistas de las actuaciones, traslados, impugnaciones,  contestaciones y un análisis de la documental por parte de la Comisión Evaluadora, con lo que se consume un período de tiempo mínimo que permite la posibilidad que la adjudicación pudiera ser efectuada en plena temporada estival”, explicaron desde el Ente Municipal de Turismo en las resoluciones 367, 368, 369, 370 y 371. 

En los casos de Arroyo Seco II y Arroyo Lobería, el Emtur responsabilizó al Concejo Deliberante por las demoras en las adjudicaciones de las licitaciones. En ambos procesos, se presentó una única oferta y los expedientes fueron elevados al cuerpo legislativo “no habiendo sido tratados por los concejales", indicaron desde el Ejecutivo, según se reflejan en las resoluciones 383 y 384.

Cuestionamientos 

Cabe recordar que el concejal radical, Nicolás Maiorano, denunció hace algunas semanas que  “a lo largo de la gestión Pulti se han prorrogado sin autorización del Concejo Deliberante explotaciones de balnearios cuyo período de contrato se encuentra vencido, alterando la paridad licitatoria y, en muchos casos, modificando sin autorización legal las condiciones, obligaciones del pliego y la ecuación económica financiera que quedó establecida a partir de la oferta”.

“A algunos concesionarios se los intima, a otros no, a algunos se los sanciona, véase el caso de la caducidad de la UTF Bahía Playa Chica, mientras a otros se les admite mantener situaciones irregulares en el tiempo. Dadas las irregularidades planteadas, tanto de forma como de fondo, así como saber los motivos sobre los que subyacen estas conductas del Presidente del Ente Municipal de Turismo debe ser explicados ante el Concejo Deliberante”, agregó el expresidente del Concejo Deliberante. A su vez, puntualizó que “actualmente se encuentran con contratos vencidos las Unidades Turísticas Fiscal de Playa Bristol; Popular; La Perla 1, 2, 3, 4, y 5; Camping Municipal; Torreón del Monje; Playa Cardiel; Playa Escondida; Cantera 1, entre otras”.

“La falta de transparencia con el procedimiento cuestionado implica en mantener en manos de los actuales exconcesionarios Unidades Turísticas Fiscales sin que se hayan realizado y/o estén en trámite de realizarse las respectivas licitaciones públicos, que den certeza en los procedimientos a través del cual se efectúan las mismas, intervención de este Honorable Cuerpo, publicidad, legalidad e igualdad de oportunidades. Por tanto, la falta de llamado a licitación en tiempo y forma de acuerdo a la normativa legal,  por parte del Ejecutivo Municipal de diversas unidades fiscales denota un desmanejo serio o un manejo irregular por demás llamativo”, destacó el concejal radical.

Para finalizar, Maiorano subrayó: “Cada irregularidad nos pone frente a la posible comisión del delito  abuso de autoridad y de violación  de los deberes de funcionario público”.