Cuando todavía resuena en el ámbito político y sindical la polémica por la supuesta intención del gobierno neuquino de “vaciar” al Tribunal de Cuentas de la provincia, órgano de control administrativo en el Estado, la diputada (Frente Grande) Soledad Martínez presentó un proyecto de ley para conceder la autarquía financiera del organismo, mediante la disposición de 2,5 por ciento de los ingresos por coparticipación federal.

Determina además el proyecto de ley que "el presidente del Tribunal de Cuentas podrá disponer las modificaciones que considere necesarias sobre los créditos de las partidas presupuestarias que conforman el Presupuesto del Tribunal de Cuentas, las que sólo podrán realizarse dentro del total de créditos autorizados”.

Señala Martínez en sus fundamentos que "cuando mencionamos que se debe otorgar autarquía financiera al Tribunal de Cuentas, significa darle recursos propios, creando una Caja con fondos que podrán ser administrados y distribuidos por dicho Organismo para cumplir con su cometido".

"No se concibe la idea de la dependencia a un Poder, habida cuenta que el mismo queda sujeto en cuanto al control de sus actos e inversiones, al propio Tribunal de Cuentas", sostiene la Legisladora.

Afirma también que "la falta de previsión de la garantía de autarquía– entre otras – ha provocado que se favorezca la morosidad y la ineficiencia, que en nuestro caso deviene en un sensible desprestigio social”.