La Cámara de Diputados de Salta tratará un proyecto de ley que propone que una mujer embarazada como producto de una violación pueda acceder al aborto en los hospitales si firma ante los médicos una declaración jurada en la que asegure haber sido víctima de un hecho de violencia sexual. Hasta ahora, un protocolo del Gobierno de la Provincia impone la obligación de hacer el mismo trámite en el Ministerio Público o realizar una denuncia policial.

El diputado justicialista Lucas Godoy, autor de la iniciativa, dijo a El Tribuno que el objetivo es “desjudicializar” el proceso para evitar que se “revitimice” a las mujeres que atraviesan por esta situación.

El proyecto se presenta después de un polémico caso en el que una asesora de menores del Ministerio Público, Claudia Flores Larsen, trató de impedir que una niña de 13 años violada y embarazada por su padrastro accediera al aborto legal.

El protocolo oficial para estos casos establece que las víctimas tienen que hacer una denuncia policial o firmar una declaración jurada ante el Ministerio Público, en Ciudad Judicial, si quieren interrumpir el embarazo.

Organizaciones feministas sostienen que este instructivo busca dilatar o dificultar la intervención. El Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades presentó una demanda judicial contra el Gobierno de Salta porque considera que pone obstáculos al aborto legal en casos de violación, práctica habilitada por el Código Penal.

“El protocolo que estableció la Provincia fue necesario para fijar un procedimiento, pero la intervención del Ministerio Público no debe revictimizar a las mujeres”, dijo Lucas Godoy.

Graciela Abutt, abogada que representa al Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, consideró “auspicioso” que un proyecto de ley proponga obviar la participación del Ministerio Público.

Sin embargo, aclaró que las organizaciones feministas también cuestionan otros aspectos de la política de la Provincia para los casos de embarazo en caso de violación. “El protocolo pone un límite de 12 semanas para la interrupción del embarazo. Eso es arbitrario porque no está determinado en el Código Penal”, sostuvo Abutt Carol.

La demanda que presentó el Foro de Mujeres para que el Gobierno de la Provincia agilice el acceso al aborto para víctimas de violencia sexual fue rechazada en la Corte de Justicia de Salta. La organización interpuso un recurso de queja para que la causa se vuelva a analizar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los mecanismos para atender a las mujeres embarazadas como producto de una violación generan polémica. En noviembre de 2013, una niña de 13 años abusada por su padrastro tuvo que acceder al aborto en otra provincia porque un juez, a pedido de una asesora de menores, prohibió que la práctica se hiciera en Salta.