En la sesión del próximo viernes, podría tratarse un proyecto por el que modificará la ley que regula el funcionamiento de esa entidad financiera para eliminar la incompatibilidad del ejercicio de su conducción para los miembros de los poderes legislativos.

El proyecto de ley está firmado por el presidente de la bancada “Tucumán Crece”, Roque Alvarez. En los fundamentos del mismo se advierte que no es la misma situación la de los interventores que la de los eventuales directores y, por lo tanto, no corresponde cuestionar la legitimidad de la designación de Cortalezzi.

El artículo 2 de la propuesta que podría ser sancionada el viernes ratifica la legitimidad de la designación Cortalezzi como interventor de la Caja, desde la fecha de su asunción al cargo.

“En ocasión de la solicitud de licencia formulada por el Armando Cortalezzi para poder hacerse cargo de las funciones de Interventor de la Caja

Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, que le fuera ofrecida por el Gobernador de la Provincia, ningún Legislador provincial, ni oficialista ni opositor mencionó la existencia de ninguna incompatibilidad para el ejercicio del cargo que le fuera ofrecido. Y no se mencionó, sencillamente porque no existe ninguna incompatibilidad”, expresa el texto firmado por Alvarez y por otros oficialistas.

Pese a ello, se advierte que la existencia del inciso a) de art. 11 del texto ordenado de la Ley N° 5.115 y modificatorias, donde se establece que no pueden integrar el directorio los miembros de los cuerpos legislativos de la provincia, ha servido para que algunos, “con intencionalidad política indudable”, estén planteando cuestiones judiciales.

“Esta restricción es anacrónica y previa a las modificaciones de la Constitución de la Provincia, que establecen en forma expresa la posibilidad que los legisladores puedan solicitar licencia e integrar espacios en el poder administrador, amén de referirse, como ya se dijo, a la hipótesis de un Directorio y no de una Intervención. Por eso; y a los fines de evitar todo tipo de litigiosidad que pudiera poner en tela de juicio la legitimidad de los actos del Interventor, y para adaptar la normativa legal existente al escenario jurídico que plantea la Constitución Provincial a partir de su mas reciente reforma”, concluye el proyecto.