La iniciativa cita parte de algunos párrafos de la solicitada publicada por las empresas de Gualtieri en el diario Clarín del domingo 13 de junio, en la que acusa al Gobierno de San Luis de perpetrar una maniobra tendiente a evitar el pago de las deudas que mantiene con las firmas.

En la nota, la UTE además denuncia al Estado por revocarle el contrato para entregar las obras de los diques San Fransisco y Saladillo, a través del método de contratación directa, a "las empresas amigas del circuito de negocios del Gobierno de la Provincia, con sobreprecios que superan el 200 por ciento", entre otra serie de acusaciones públicas.

A raíz de eso, el Ejecutivo emitió un comunicado en el que señala que Fiscalía de Estado denunció en la Justicia Penal al empresario porque se considera que "pudo haber defraudado en 47 millones de pesos al Estado, al cobrar por avances de obra en dos diques”.

Con esos argumentos, los legisladores pretenden que se conforme, en el ámbito parlamentario, una Comisión Investigadora con el fin de esclarecer la controversia. El organismo estaría compuesto por tres representantes de la mayoría de la Cámara de Diputados y uno por la minoría. La comisión tendría un plazo de 60 días para recabar toda la información necesaria sobre el tema y emitir un dictamen.