“La ley actual tiene por objeto la prevención, sanción y erradicación de la violencia familiar, sin embargo, hace foco exclusivamente en la víctima eludiendo un enfoque más amplio y, por ende, eficiente”, expresó Lueiro.

“En este tipo de problemáticas la asistencia debe ser integral, es decir de todos y cada uno de los integrantes de las familias involucradas en situaciones de violencia. Tanto para aquellos que sufren algún tipo de violencia como también de aquellos que la ejercen sobre el resto del grupo familiar. Es difícil proteger a la víctima cuando no se trata al victimario”, dijo.

En su proyecto para reformular la ley, Lueiro recuerda que en las más modernas Constituciones, se otorga especial atención a la familia como sistema. "El objetivo primordial es prevenir pero ante situaciones de violencia que ya existen, lo que buscamos con estos cambios, es evitar que este tipo de situaciones se reproduzcan en esa misma familia o en otras", remarcó.

El proyecto contempla también las dificultades que se generan para lograr la reinserción de la víctima de violencia familiar en el mercado laboral, por ejemplo. “Insistimos en la necesidad de capacitación y financiamiento para la reinserción social de las víctimas. Se podrían gestionar convenios con entidades financieras, bancos oficiales y organizaciones sociales a fin de facilitar líneas de crédito para que las víctimas de violencia familiar puedan poner en marcha microemprendimientos, por ejemplo”, recalcó el legislador del PPR.

El funcionario insistió en la necesidad de crear comisarías de la mujer, el niño y la víctima de violencia para que, en ese ámbito, se pueda iniciar el circuito de la denuncia con un equipo interdisciplinario que realice luego, las derivaciones pertinentes a centros de salud, refugios, centros de cuidados, Juzgado o Fiscalía de turno. “La idea es elaborar un protocolo único de intervención para evitar la multi-intervención y la re-victimización de la persona que ha sufrido algún tipo de violencia en su ámbito familiar”, señaló.

“Esta ley debe garantizar el acceso efectivo a los procedimientos administrativos y judiciales sin distinción de género, ni edad, garantizando un acceso rápido y una solución efectiva a la problemática de la violencia dentro del ámbito de la familia rionegrina”, indicó.