El proyecto es del bloque liderado por Camaño y el cordobés Montoya.
La iniciativa, modifica el decreto 1599, ratificado por ley 26.076, que establece cuales son las reservas de libre disponibilidad del Banco Central.
A partir de esta modificatoria, reservas de libre disponibilidad serán consideradas todas las "que excedan el 100 por ciento de la relación entre las reservas netas y la base monetaria".
Según la propuesta del peronismo no oficialista, las reservas de libre disponibilidad "podrán aplicarse al pago de obligaciones contraídas con organismos financieros internacionales".
Sin embargo, la novedad del proyecto y su diferencia con el Fondo del Bicentenario, radica en que, como "contrapartida" a la liberación de las reservas, se compensa a las provincias en sus deudas con el gobierno nacional, vía recursos acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (los conocidos ATN), que no son asignados por el gobierno nacional a las provincias desde los últimos años. Según calcula el proyecto, estos ascienden a unos 8.313 millones de pesos para el lapso 2003-2009, de los cuales a Córdoba le correspondería el 9 por ciento.
Con este punto, la oposición se garantizaría que los excedentes del BCRA no sólo favorezcan la situación financiera de la Nacion, sino que también alivianen el peso de las deudas en las provincias. Políticamente, este proyecto podría convertirse en una salida negociada entre oficialismo y oposición al entuerto del Fondo del Bicentenario, toda vez que el DNU que lo creó está paralizado en la Justicia y a punto de caer en Diputados.
En cuanto a la distribución de los Fondos del Tesoro Nacional, el proyecto establece que serán determinados por jurisdicción según la ley de Coparticipacion Federal (N° 23.548) y correspoderán a los saldos acumulados entre 2003 y 2009 inclusive, actualizados por CER.
La inclusión del CER podría convertirse en una prenda de negociación entre provincias y Estado nacional, ya que las deudas de las primeras con el segundo son calculadas con el cuestionado coeficiente, lo que aumenta exponencialmente su peso de las finanzas provinciales. De hecho, una de las peleas político-financieras del gobierno de Córdoba con la administración central pasa por lograr la eliminación del CER del cómputo de la deuda pública.
En ese sentido, en los fundamentos del fallo se calcula que unos 8.313 millones de pesos son los fondos acumulados por el Ministerio del Interior y que no fueron distribuidos entre las provincias, por lo cual permanecen en el Tesoro Nacional. Según el coeficiente de la coparticipación, de ese monto a Córdoba le corresponde un 9 por ciento, es decir, aproximadamente 850 millones de pesos que, actualizados con CER, ascienden a 1.200 millones. Nada mal para provincias con fuertes compromisos financieros para 2010, calculados en unos 9.570 millones de pesos entre provincias.
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