En ese sentido, el presidente del bloque de diputados provinciales de Consenso Federal (CONFE), Rodolfo Arata –autor de la iniciativa- consideró que “la clásica división tripartita de los poderes – en realidad entre órganos -, legislativo, ejecutivo y judicial, implican atribuciones propias y cooperación compartida entre todos ellos. La finalidad perseguida no es otra que evitar el desborde del poder y el peligro para las libertades personales que suscitaría la centralización en la toma de decisiones públicas. Por eso la concentración del mismo es rechazada enérgicamente en el art. 29 de la Constitución Argentina”.

Por otra parte, Arata agregó que según el Artículo 3 de la Constitución de la Provincia que dispone en su parte pertinente “la arrogación ilegítima de funciones de un poder en desmedro de otro, será nula de nulidad absoluta”, ilustra la inconstitucionalidad y su consecuente sanción de nulidad a los párrafos de los arts. 13 bis, 13 ter y 14 bis. de la Ley 10.397 que hacen referencia a que los oficios expedidos por la ARBA tienen el mismo valor que una requisitoria y orden judicial.

Más adelante, el diputado cobista agregó que “esta explícita arrogación ilegítima de funciones a un organismo dentro del Poder Ejecutivo Provincial en desmedro de otro de los poderes: el Judicial, torna inconstitucional el proceder legislativo. A mayor abundamiento, el hecho de que el procedimiento de embargo de fondos derive en una transferencia de los mismos a una cuenta del juicio y a la orden del juez, no justifican su validez, toda vez que no existió orden judicial para llevar a cabo dicho accionar.

El proyecto impulsado por Rodolfo Arata también explica que no se puede afectar la disponibilidad de los bienes por una orden que no sea judicial (arts. 1, 3 apartado segundo; 10, 11, 15, 57, 160 y ss. de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el Preámbulo, arts. 1, 5, 17 ss. Y cc. de la Constitución Nacional).