métodos operativos de los talleres socio-productivos o emprendimientos laborales destinados a los internos alojados en jurisdicción de la Dirección del Servicio Penitenciario provincial.

Según la iniciativa presentada por Alejandro Marinao (FpV), la cooperación técnica y financiera sería sin cargo para el Estado provincial y se haría efectiva mediante la adquisición de materias primas, subproductos, materiales, insumos y suministros, necesarios para la explotación, mantenimiento o conservación de los talleres socio-productivos o emprendimientos laborales .

También se realizaría a través de la adquisición, usufructo, locación, comodato o arrendamiento de bienes inmuebles, muebles, automotores, maquinarias, equipos, herramientas, objetos inmateriales y todo otro elemento susceptible de satisfacer su objeto y finalidad.

Además, la cooperación se daría por intermedio de locaciones de obras, de servicios y contrataciones de personal técnico especializado; seguros respecto de los internos trabajadores, del personal, de los bienes y de responsabilidad civil que correspondan; pago de incentivos no remuneratorios por producción, calidad, eficiencia, entre otros.

El patrimonio del Ente se formaría con recursos provenientes de donaciones, legados, subsidios, subvenciones, contribuciones y aportes de organismos oficiales o privados del país o del extranjero y/o de organizaciones internacionales.

También provendrían de la venta de bienes o servicios producidos por los talleres socio-productivos o emprendimientos laborales; intereses y frutos civiles del Ente; aranceles que perciba el Ente por los servicios que presta la Dirección General provincial a terceros, incluidos el Estado provincial o los Estados municipales; y por todo otro ingreso proveniente de la actividad que realice en cumplimiento de la presente ley.

Las utilidades que produzca el trabajo o la producción penitenciaria y en general la que surja de los recursos precedentemente previstos se destinarían exclusivamente al trabajo penitenciario. Los fondos que ingresaran deberían depositarse en bancos o entidades financieras oficiales dentro de las 48 horas de su recepción.

El Ente estaría integrado por una asamblea de delegados, un consejo directivo y una comisión revisora.

Según Marinao, el proyecto “tiene el firme propósito de aportar normas que permitan la vehiculización de políticas públicas destinadas a garantizar igualdad de oportunidades y una inclusión de calidad a poblaciones específicas que en contexto de encierro se encuentran en condiciones de vulnerabilidad de sus derechos laborales”.