Tucumán carece de una ley que regle la conducta de los funcionarios públicos, pese a que a nivel nacional rige desde hace 11 años una norma de Etica Pública. Con el afán de corregir ese vacío, el legislador opositor Esteban Jerez (bloque Alberdi) propuso la creación de un Regimen de Fideicomiso Ciego, sistema que tiende a garantizar la separación entre los intereses públicos y privados de los gobernantes.

"Las democracias modernas han puesto énfasis en controlar la relación entre función pública y patrimonio económico para reducir los riesgos de corrupción y evitar que se horade la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes", explicó el ex fiscal anticorrupción.

El regimen que propone Jerez aspira a evitar que cualquier funcionario pueda aprovechar su posición privilegiada de poder y consiste en la administración temporal de los bienes de ese funcionario por parte de un administrador neutral, que debe probar su independencia y no tener lazos de ningún tipo con la persona cuyos bienes administrará. El legislador mencionó como ejemplos los casos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de España en materia de avances para garantizar la ética en la función pública. "En España el presidente y los ministros deben presentar sus declaraciones juradas de bienes y, en caso de que posean valores y activos financieros superiores a los 100.000 euros deben contratar a una entidad financiera registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a través del sistema de fideicomiso ciego, para su gestión y administración", ejemplificó.

El proyecto de ley pretende alcanzar con la medida al gobernador y al vice, a legisladores, a ministros, a secretarios y a subsecretarios de Estado, a magistrados del Poder Judicial, a presidentes, interventores, asesores y directivos de organismos centralizados y descentralizados. Además, propone la creación de una Oficina de Etica Gubernamental, que deberá ser ejercida por una ONG de reconocido prestigio en la provincia y designada por la Legislatura en una sesión especial.

Esta oficina recepcionará las denuncias e intervendrá en casos de potenciales conflictos entre el interés económico privado de la autoridad en cuestión y el desempeño de sus funciones oficiales. "Detectado el conflicto, el funcionario público tendrá la obligación de enajenar los bienes y los activos que motivaron ese conflicto o transferir su administración a un fideicomiso ciego", explicó Jerez.