Proponen adherir al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

Proponen adherir al Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional
Mediante el Proyecto de Ley Nº 2153/13, los diputados Raúl Acosta, Egidio García y Daniel Trabalón proponen adherir la Provincia del Chaco "a la Ley Nacional 26.811, por la que se instituye el 8 de mayo como "Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia Institucional".
Asimismo, la norma instituye el 4 de julio el "Día Provincial de Acción contra la Violencia Institucional del Estado", en recordación de Juan Ángel Greco, "joven artesano, que en fecha 4 de julio de 1990, pierde la vida, como consecuencia de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, promoviéndose de esta manera la adopción de políticas públicas provinciales en materia de seguridad respetuosas de los derechos humanos".

Los autores establecen que "se entiende a la violencia institucional como todo acto que implique el uso de las fuerzas, el poder físico, y/o la coacción, de hecho o como amenaza, ya sea de naturaleza física, sexual, síquica o que incluya privaciones o descuidos frente a una persona o grupos de personas, ejecutados por funcionarios del poder ejecutivo, legislativo y judicial, así como las personas que cumplen funciones en esos poderes y/o por integrantes de fuerzas de seguridad y policiales en cumplimiento de sus funciones".

Según la propuesta, "el Ministerio de Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, conjuntamente con la Secretaría de Seguridad, dispondrán la realización de actividades consistentes en: actos; jornadas de concientización y debate; conferencias y disertaciones; talleres y cursos; etc.; alusivas a ambas fechas, en todo el ámbito de la Administración Pública Provincial; en especial, en el área de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de capacitar y formar a los agentes del Estado en la concientización contra la violencia institucional".

Por otra parte, las autoridades de aplicación "en coordinación con la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes desarrollara las siguientes actividades: Campañas y Jornadas de información, concientización y debate, destinadas a visibilizar esta problemática y sensibilizar a los distintos actores sociales respecto de la necesidad de erradicar la violencia institucional en nuestra provincia" además de "cursos y talleres de formación y capacitación de agentes del Estado sobre la base de la concepción democrática de la seguridad, el respeto a la plena vigencia de los Derechos Humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas de seguridad al poder político y la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad".

Se confeccionará también "un registro detallado de los hechos de violencia institucional ocurridos en la provincia, con información actualizada de sus víctimas, situación de las causas, etc., con el objetivo de reafirmar la necesidad de respetar la vigencia de los derechos humanos y mantener viva en la memoria colectiva estos hechos aberrantes" y se establecerá "para cada uno de los sitios donde se hubieran perpetrado hechos de violencia institucional una señalización y/o intervenciones artísticas que lo determine como tal, acompañada de una leyenda alusiva de repudio de los hechos que allí sucedieron".

Los fundamentos de la norma sostienen que "la violencia institucional es una de las asignaturas pendientes de la democracia y una tarea ineludible su erradicación; ya que pese a la gravedad de lo reseñado, este tipo de delitos cuenta con legitimación social y justificación en discursos que promueven la exarcebación del poder punitivo" y destacan que "estos tipos de delitos impactan en sectores que se encuentran en especial vulnerabilidad, como consecuencia de factores socioeconómicos, encierro, afecciones de salud mental, la edad, el género, la identidad sexual, la migración irregular, entre otros".

Por lo tanto, afirman que "es fundamental aportar a la construcción de un cambio cultural, a partir de actividades y campañas de sensibilización, en la cuál la comunidad sea partícipe, para que se derriben los muros de la impunidad y que la tortura deje de ser una práctica tolerada, naturalizada en los lugares de encierro y contra los sectores más vulnerables de la sociedad; porque hasta que no haya un fuerte reclamo social, político y condena por parte de la ciudadanía sobre estos hechos aberrantes, no podremos construir una sociedad verdaderamente democrática".

Comentá la nota