Incluso, tiene consecuencias políticas. Una de ellas es la norma que se utiliza para las compras de la Municipalidad, la cual pretende el Ejecutivo que tenga sustanciales modificaciones.

Para cada cosa que el Estado local pretenda adquirir, deberá sujetarse a una norma, la que ahora está en discusión. Por ejemplo, si debe realizar una compra en una librería, supongamos, de papel para imprimir o lápices, el monto final será bajo. Si los precios son superiores a un determinado monto, deberá pedir por lo menos, tres presupuestos. Y si lo que pretende obtener es más caro, pues bien, deberá llamar a licitación, ya sea pública o privada. Pero ya con autorización del Concejo.

En 2004 se había modificado esto, tomando como justificación que habían quedado desactualizados debido al abandono de la paridad peso-dólar y que, al aumentar los precios, se debía llamar a licitación por compras menores, aumentando la demora en la concreción de diferentes obras. En 2008 se volvió a tomar la decisión de correr los límites, otra vez, bajo el pretexto de que la inflación dejó atrasados los números.

En la última sesión ordinaria, el Ejecutivo envío al Concejo una nueva modificación basándose en los mismos parámetros: "dichos montos han quedado nuevamente 'desactualizados' y que "esta actualización de precios, trasladada a una mayoría significativa de los principales insumos y equipamientos que consume y demanda la prestación de los servicios municipales y ejecución de obras públicas, resulta causal de evidente desajuste entre los valores que consagra como límites para los distintos procedimientos, la ordenanza en vigencia.

LOS MONTOS

De acuerdo a la norma actual, "para todo lo que se relacione con obras públicas municipales, como también para enajenaciones, compras, trabajos, instalaciones, reconstrucciones y contratos en general, deberá procederse con arreglo a los montos que a continuación se consignan": para la contratación directa, actualmente el límite es de $ 20.000 (inclusive). Ahora, se eleva a $ 30.000.

La contratación directa con solicitud de tres presupuestos como mínimo, en la franja que va desde más $ 20.000 hasta $ 50.000. Ahora se propone llevarlo desde más de $ 30.000 hasta $ 75.000.

Para llamar a una licitación privada, concurso o subasta pública actualmente se da con una oscilación de valores entre $ 50.000 hasta $ 300.000. La norma elevada al Concejo para su estudio plantea valores que van desde $ 75.000 hasta $ 450.000.

Finalmente, para llamar a licitación pública, actualmente deben superarse los $ 300.000. Ahora, este monto se duplica, elevándose a $ 450.000.

EL DEBATE

Cada vez que llegaba un proyecto de este tipo al Concejo, la oposición buscaba reducir los montos. Aunque no siempre se lograba, el debate principalmente pasaba por buscar un reconocimiento por parte del Ejecutivo de que las cifras propuestas eran sumamente superiores a los índices de inflación publicados por el INDEC.

Antes de 2008, en 2004 hubo otra modificación. En aquel momento, los límites eran los siguientes: hasta 12.000 pesos para la compra directa, entre $ 12.000 y $ 20.000 para pedir tres presupuestos, entre $ 20.000 y 150.000 pesos para la licitación privada y más de este último monto para una licitación pública. Más claro, echarle agua.