Según indicó el promotor, la iniciativa surgió ante “la gran cantidad de reclamos que hacen los adjudicatarios de los planes de viviendas de toda la provincia ya que no sólo se les presenta un problema sino que son varios los vicios de construcción. Es lógico –según Astete– que los gastos que les demande todos los arreglos sean debitados al valor final de la vivienda”.

El legislador indicó que presentará el proyecto la próxima semana, y que está abierto a recibir sugerencias de sus pares. Astete argumentó que los materiales que se usan en la construcción de viviendas “no son de primera calidad y los inspectores que deben hacer los controles de esos barrios hacen muchas veces la vista gorda dejando pasar materiales que no tienen resistencia con el tiempo”.

Asimismo, indicó que esta situación deriva en el endeudamiento de los adjudicatarios que deben adquirir créditos para reparar sus viviendas y soportar en corto tiempo los deterioros como producto de las fallas técnicas. Mencionó aquellos casos en los que no se realizaron incluso estudios de suelo correspondientes, o en donde los materiales utilizados no son los mejores ni los ideales para las inclemencias del clima patagónico.

“Lo cierto es que a los dos años de entregadas las viviendas, las falencias son tremendas y deben gastar dinero para repararlas; entonces, que sea el Instituto el que se haga cargo de esas falencias que no supo o no quiere corregir”, dijo. El proyecto de Astete trae a la memoria varios casos locales que dan cuenta de una situación de precariedad en las políticas de viviendas públicas a lo largo de varios gobiernos. Un caso es el del barrio Divina Providencia que derivó en la construcción de más unidades habitacionales con la posterior radicación de familias.

Al sector de vecinos fundador del barrio San Cayetano, se suman a otros más actuales como el de Cerro Solo y el barrio Castelli que se vio afectado durante el último temporal.

DEFICIENCIAS

En este marco, citó casos de varias viviendas que fueron afectadas por el temporal del 13 de abril. “Fueron entregadas no hace más de dos años; estaban la mayoría inundadas y el resto con tremendas manchas de humedad. Esos vecinos –dijo Astete– que ahora deberán arreglar las viviendas como producto que no hay un control exhaustivo por parte de los inspectores del IPV y por los materiales de mala calidad con las que las levantan, deben pagar los arreglos, entonces es lógico que ese valor se debite en las cuentas finales”, indicó.

Pero Astete va más allá en su proyecto de ley ya que propone que en caso de que la vivienda sufra deterioros mayores que afecten considerablemente la habitabilidad, se proceda a la condonación total de la deuda que el beneficiario tenga con el Instituto Provincial de la Vivienda, debiendo el mismo hacerle entrega del título de propiedad y dar por finalizada la relación convenida.